Cuando estamos ingresando a la séptima semana de aislamiento social preventivo obligatorio, es extrema la situación de las personas privadas de su libertad, que en lugar de respuestas efectivas de las autoridades para proteger sus vidas frente a la propagación del Covid-19 en las prisiones, son reprimidas sistemáticamente.
Debemos repetir que el índice de prisionalización argentino es de los más altos de la región. En 1999 había 34.000 personas presas en todo el país. En 2014, eran 70.000, y hoy rondan las 120.000, con un nivel de sobrepoblación y hacinamiento que ya constituía emergencia antes del inicio de la pandemia. En ese escenario, llevan más de un mes las protestas en todas las unidades federales y provinciales, con reclamos más que básicos: Libertades asistidas, excarcelaciones o domiciliarias para descomprimir las prisiones, con prioridad para quienes integran grupos de riesgo y están en condiciones procesales de recibir esos beneficios, y provisión suficiente de alimentos y elementos de limpieza e higiene, que las familias no pueden aportar desde la suspensión de las visitas.
A pesar de la manifiesta razonabilidad de los reclamos, que van en línea hasta con las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, desde el primer momento la respuesta fue la represión creciente. A los cuatro muertos en las cárceles santafesinas de Coronda y Las Flores, en los primeros días de la emergencia, se sumaron esta semana los asesinatos de José Mario Candia en la UP nº 1 de Corrientes y de Federico Rey en la UP nº 42 de Florencio Varela, Buenos Aires. En ambos casos la versión oficial empezó por la “pelea entre internos”, pero las autopsias fueron contundentes. Los dos murieron por disparos con proyectiles de plomo, que fueron utilizados junto a las postas de goma por las fuerzas represivas. Candia sufrió tres disparos, uno indiscutiblemente de plomo. Rey presentó ocho impactos, uno en la nuca, y de su cuerpo también se recuperaron postas de plomo.
A esas muertes en la represión hay que agregar las causadas por la inexistente atención sanitaria, otro de los puntos centrales de los reclamos de las personas detenidas, y el incremento de “suicidios”, tanto en cárceles como comisarías.
Emmanuel Rodas, de 24 años preso en la cárcel de Piñero, cuya familia no había podido juntar los $10.000 de fianza fijados por el juez Foppiani, llegó muerto al hospital después de largas horas de agonía, vomitando sangre, en medio de los gritos de auxilio de sus compañeros. En la unidad penal de Sierra Chica, Olavarría, Eduardo Rodolfo Peralta Gutiérrez falleció con signos de neumonía, también asistido cuando ya nada se podía hacer para salvarlo. Florencia Morales, detenida por salir a hacer compras el día que no le tocaba conforme la terminación de su DNI, murió ahorcada en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis y Emiliano Alarcón Amílcar (22), murió con síntomas compatibles con Covid-19 en la comisaría 1ª de San Justo. En el mes de marzo, dos presos murieron ahorcados en comisarías de Caleta Olivia, Santa Cruz: Federico Corbolud en la 5ª y Omar Alvarado, en la 4ª. En Villa Mercedes, San Luis, un adolescente de 16 años que estaba detenido en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia murió ahorcado ayer, viernes 24. Lo habían arrestado por la presunción de que “iba a cometer un robo” porque al requisarlo en la calle le encontraron dos cuchillos. Y Julián Arakaki, preso en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, que antes había estado en la 42, sigue internado en grave estado, con corona virus, en el Hospital Interzonal de Avellaneda.
En la ciudad de Buenos Aires, con inmediata repercusión nacional, el día de ayer estuvo marcado por la protesta de los presos de la cárcel federal de Devoto, en la que ya dio positivo para la infección un miembro del servicio penitenciario. Mientras por las ventanas del penal y en el techo se desplegaban carteles que proclamaban “nos negamos a morir en la cárcel”, la rápida reacción de organismos y organizaciones ante el impresionante operativo represivo que se montó con participación de la Policía de la Ciudad logró que autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH, del Servicio Penitenciario Federal y de la Procuración Penitenciaria de la Nación concurrieran al penal para reunirse con los delegados de los pabellones. Al caer la tarde, se informó la firma de un acta acuerdo, que fue también rubricada por los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Daniel Morín, en la que los funcionarios se comprometieron a revisar la situación de las personas que podrían obtener medidas alternativas a la prisión mientras dure la pandemia, como los que tienen prisión preventiva, los que gozaban de salidas transitorias o libertad asistida, personas con problemas de salud preexistentes al Covid-19 y los que están muy próximos a obtener la libertad. O sea, lo que se viene exigiendo hace un mes y medio.
Las cárceles de mujeres, en las que hay situaciones muy concretas de riesgo, como las embarazadas o las madres que conviven con hijxs de menos de 5 años, no son excepción a la regla. Ayer hubo reclamos en la cárcel de Ezeiza, mientras fue un día de fuerte represión en la cárcel mendocina de El Borbollón, a la que ingresó el grupo de choque de la penitenciaría de varones de Boulogne Sur Mer. Hace semanas que las mujeres de ese penal del departamento de Las Heras vienen presentando petitorios pidiendo garantías de higiene y protocolos de sanidad ante el COVID-19, y que se autorice, como en otras unidades, el uso de celulares para mantener contacto con las familias mientras siga la suspensión de visitas. Ayer a la mañana hicieron un reclamo mediante ruidos, que inmediatamente fue respondido con el arribo del grupo de choque penitenciario, que golpearon y dispararon balas de goma contra las mujeres. Los videos y las fotos que han circulado exhiben el saldo de la dura represión.
Junto a esta situación que caracterizamos como de las más graves y urgentes, que requiere soluciones inmediatas, muchos otros hechos dan cuenta de la profundización del embate represivo apañado por la emergencia sanitaria.
El martes pasado, en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, defendió la creación de un nuevo grupo de Despliegue de Intervención Rápida, integrado por 700 efectivos de la Policía de la Ciudad. Su justificación no requiere mayores comentarios: “Lo que queremos es dar presencia inmediata ante una situación anómala”, dijo, y puso como ejemplo que “Ya se ha dado de tener varias cuadras de cola para ir a un supermercado”. O sea, hacer cola con dos metros de distancia entre las personas, como vemos en muchos comercios, es una “situación anómala” que amerita unidades de choque como los del DIR, que bien conocemos en la ciudad de Buenos Aires desde tiempos de la Metropolitana, ya que fueron, por ejemplo, los que reprimieron para desalojar la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013, y dispararon con balas de plomo contra comunicadores populares de la RNMA.
Como si fuera poco, el nuevo DIR –que se usará la parafernalia represiva recientemente adquirida por más de 53 millones de pesos- está conducido por los comisarios Pablo Kisch y Pedro Carnero. Kisch es especialista en grupos especiales de elite, pero Carnero, apellido difícil de olvidar en un policía, es un viejo conocido: Era el titular de la comisaría 3ª de la PFA en 2013, y por eso estuvo imputado en la misma causa por los balazos a los comunicadores de la RNMA, y al crearse la Policía de la Ciudad asumió la Dirección General de Comisarías.
En la reunión con legisladorxs, D´Alessandro dio más detalles estremecedores: “Hemos trazado más de 5.500 objetivos para cuidar por diferentes situaciones, donde, entre otros, están las embajadas, las sedes del Poder Ejecutivo, los supermercados, los colegios, los hospitales y los 131 ingresos a la Capital”. Tan grosero es el intento de disimulo que, según citó el diario Tiempo Argentino, un oficial convocado para integrar el grupo descree de que su función sea garantizar la seguridad de las personas: “Si se tratara de dar seguridad a los vecinos en problemáticas puntuales, no precisaríamos escudos y el poder de fuego de un grupo especial. Esto es una máquina de picar carne”. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen lxs abogadxs.
En el resto del país, siguen circulando denuncias de graves hechos represivos protagonizados por fuerzas de todas las jurisdicciones. En el Barrio Maccarone, cerca de Paraná, Entre Ríos, un muchacho salió de su casa para hacer una changa que le hubiera permitido ganar unos imprescindibles pesos. Lo detuvieron y molieron a golpes ante los gritos de lxs vecinxs. Después de ser liberado, pudo encarar la denuncia penal con asistencia técnica y el apoyo de lxs vecinxs que aportaron sus testimonios.
También en Entre Ríos, en la localidad de Federación, tres policías fueron detenidos por las graves lesiones que causaron a un trabajador detenido, al que golpearon con palos y bastones. Quedaron imputados por abuso de autoridad, lesiones y privación de libertad.
En Villa Carlos Paz, Córdoba, Pablo, trabajador agropecuario de 37 años, volvía a su casa en su camioneta. Fue detenido en un control policial, que le dejaron cruzar después de chequear el permiso de circular escaneado en su celular, pero pocas cuadras después vehículos policiales lo hicieron parar al costado del camino. Lo esposaron y cargaron en uno de los patrulleros, donde fue duramente golpeado. En la comisaría le retuvieron el dinero que llevaba para hacer pagos y lo imputaron por violar el aislamiento, sin atender a su situación de trabajador exceptuado.
En Río Ceballos, Córdoba, un herrero fue convocado para hacer un arreglo en la casa de una clienta vecina. Lo detuvieron y por varias horas fue hostigado y agredido en la comisaría, donde, entre otras cosas, uno de los policías le dijo “Con las multas que les cobramos a ustedes vamos a pagar esos subsidios que les da el presidente”.
Para terminar, por ahora, con Córdoba, el viernes unos 10 a 15 abogadxs se presentaron en el Palacio de Justicia, para entregar un petitorio a un representante del Colegio de Abogados que estaba en el lugar. Pedían, como lxs abogadxs de todo el país, que se habiliten formas remotas, a través del expediente digital que ya existe en todos los distritos, para poder retomar su trabajo aunque sea parcialmente. La policía dispuso un vallado y un operativo intimidante, y detuvo a cuatro de ellxs.
El lunes pasado, en Caleta Olivia, Santa Cruz, Bautista Brizuela, un pibe que trabaja en una granja, volvía a su casa en moto después de terminar sus tareas de cuidado con los animales, para las que tenía autorización. En un momento, policía del GOM, grupo especial, lo comenzó a perseguir, disparando balas de goma. Encerraron la moto de Bautista entre varios móviles, lo que produjo que el chico perdiera el control y chocara. Hoy se encuentra en terapia intensiva, luchando por sobrevivir.
Daniel Rolando Gómez es un genocida sanjuanino, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, que goza de prisión domiciliaria. A su condición de genocida suma la de varón violento. Una mujer que vive en el mismo edificio, harta de soportar sus amenazas e insultos cada vez que lo cruza en los pasillos o la puerta, lo denunció ante la Fiscalía Federal. Dado que no tuvo respuesta alguna de ese organismo, que interviene en las causas de lesa humanidad, hizo una nueva denuncia por violencia de género ante el juzgado penal de turno, del que ahora espera alguna medida que garantice su seguridad.
En la provincia de San Juan se siguen dictando condenas ultra exprés, proceso de flagrancia mediante, contra quienes violan el aislamiento, sin oportunidad de defensa técnica alguna. El miércoles pasado, en el barrio Conjunto II de Chimbas, la policía vio un hombre en short que, cuando quisieron detener, se asustó y entró corriendo a una casa. Lo encontraron escondido debajo de una cama. A pesar del reclamo de lxs vecinxs, fue detenido. El viernes por la mañana, Braian Fernández, fue sentenciado a 8 meses de prisión por violar la cuarentena.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
