Hace mucho venimos denunciando que, mientras jueces, camaristas y tribunales rechazan la enorme mayoría de los pedidos de morigeraciones de prisiones preventivas y de libertades asistidas a personas en condiciones de acceder a esos beneficios por su situación procesal, que además integran grupos de riesgo, vienen otorgándose esas medidas a los pocos genocidas presos, que, a lo aberrante de sus crímenes, suman que no padecen el hacinamiento ni la falta de asistencia, ya que están alojados en pabellones “VIP”, con todas sus necesidades cubiertas. En el reporte nº 39 listábamos una serie de casos, destacando que Mendoza encabeza la lista, con ocho arrestos domiciliarios concedidos a autores de crímenes de lesa humanidad en la provincia.
Pero el zorro pierde el pelo pero no las mañas, y los genocidas no pierden su conciencia de impunidad así nomás, y menos cuando siguen siendo privilegiados por el sistema. Uno de los represores beneficiados por la justicia federal mendocina, Segundo Caravajal, fue filmado por una de sus víctimas cuando celebraba una fiesta de disfraces, con invitados, en la casa en la que debía convivir sólo con su esposa, de acuerdo a las condiciones impuestas. Las imágenes, en las que se lo ve bailando y divirtiéndose con un sombrero rojo y antifaz, fueron presentadas ante el tribunal oral federal de Mendoza que lo condenó en su momento, y no tuvieron más remedio los jueces que revocar el beneficio. Caravajal fue nuevamente detenido y trasladado a la cárcel de Luján. El pabellón especial para genocidas de ese penal, que dispone de 24 plazas, tiene ahora, contándolo a él, sólo dos ocupantes. Buen ejemplo de por qué insistimos en que no es lo mismo la situación de las personas hacinadas en pabellones comunes que la de estos privilegiados.
En otro orden de cosas, no cesaron en estos días las diversas denuncias por hechos represivos en diferentes lugares del país.
El martes 12 de mayo, una mujer de 29 años, abogada, sus dos hermanos varones, volvía en un remise a su casa, en José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín, después de haber estado en la Fundación Favaloro en la ciudad de Buenos Aires, donde los tres fueron sometidos a tomas de muestras para realizar pruebas de compatibilidad, ya que la cuarta hermana es una nena de 9 años, que necesita un trasplante por un cuadro de fibrosis quística. Cuando el remise circulaba por la avenida 9 de Julio rumbo a la autopista, fueron interceptados por una partida integrada por policías de la Ciudad y federales. Los uniformados luego explicarían que los confundieron con unos ladrones que buscaban, pero lo que ocurrió en el momento es que todos los ocupantes del remise fueron obligados a bajar, entre golpes e insultos del tenor de “me dan asco los negros de la General Paz para allá”. Cuando al mujer intentó explicar de dónde venían y por qué, la respuesta, siempre entre golpes, fue “callate negra de mierda, mira el piso”. Además, ninguno de los policías usaba barbijo, lo que desesperó a lxs hermanxs, que conviven con la niña, en grupo de riesgo por su estado de salud. Por eso, además de haber efectuado la denuncia penal por el ataque, están reclamando que se los testee para saber si han sido contagiados por alguno de los represores.
En la zona sur de Rosario, donde los lavaderos de autos fueron autorizado a reabrir en esta nueva etapa del aislamiento, tres empleados estaban sentados en la vereda de uno de ellos, esperando clientes, con barbijo y a distancia entre sí. De un auto y una camioneta policial descendieron varios policías, que sin permitirles explicar que estaban en su lugar de trabajo, los apalearon y esposaron. Un trabajador de un comercio lindero, que se acercó a filmar lo que sucedía, fue intimidado y una trabajadora de salud que iba a retirar el auto que había dejado a lavar fue detenida junto a los trabajadores. Cuando la dejaron en libertad, le retuvieron el permiso para circular, que le permite cumplir sus funciones en el Centro de Salud Nº15 “Juan Domingo Perón”.
El miércoles, en la provincia de Chaco, la guardia de infantería de la policía desalojó violentamente y a los golpes a mujeres de la comunidad wichi El Sauzalito, que realizaban un corte en la ruta 9, en reclamo por la libertad de Carlos Peñaloza, integrante de la guardia comunitaria indígena Whasek que fue detenido unas semanas atrás. Las mujeres fueron empujadas y golpeadas como respuesta a su reclamo de reunirse con secretaría de Derechos Humanos, el Inadi, la Dirección de Colonización del Chaco y el ministro de Justicia de la provincia.
Finalmente, en Córdoba, 13 directivos del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) fueron formalmente imputados por el delito de violación de las medidas sanitarias vigentes, a raíz de una protesta llevada adelante por trabajadorxs del gremio hace una semana. La concentración se realizó en protesta por el recorte de sus jornadas laborales y su salario, dispuesto por el intendente de la ciudad de Córdoba, Martin Llaryora, respectando todas las regulaciones y guardando los protocolos sanitarios.
