A 81 días de vigencia del DNU 297/2020, el presidente Alberto Fernández, junto con el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, con cierta flexibilización en gran parte del país que pasa a la etapa de distanciamiento y casi sin cambios en lugares que concentran la mayoría de los casos, como CABA, conurbano bonaerense, Resistencia y Gran Córdoba, que continúan en situación de aislamiento.
Mientras el estado sigue financiando grandes empresas por medio de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, gran parte de la población hace malabares para llegar a fin de mes. Queda claro que es imposible la existencia de un capitalismo donde ganen todxs, como dice el presidente. Bajo estos estándares, los que siguen ganando son los mismos de siempre. El grueso del dinero se sigue destinando a las ganancias de los grandes empresarios y el pago del FMI, mientras en las barriadas populares la gente sigue recibiendo dádivas, y a los sectores vulnerados llegan más rápido los palos de las fuerzas represivas que asistencia sanitaria efectiva.
La acumulación de hechos represivos desde el inicio de la vigencia del DNU 297/2020, y la gravedad de algunos hechos puntuales ocurridos en las últimas semanas, como la desaparición forzada y asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las torturas padecidas por una familia qom, incluidas dos niñas, en el Chaco y las muertes en comisarías, que suman 12 entre el 20 de marzo y el 30 de mayo, ha motivado públicas condenas desde integrantes del oficialista Frente de Todos y hasta del PRO, que condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país. Por nuestra parte, ratificamos que si es institucional, es represión del estado, sea en el distrito que sea, y que se necesitan políticas concretas en vez de palabras. Por ejemplo, en este momento de explosión del uso de las facultades para detener personas en cualquier circunstancia, resulta más urgente que nunca que se cumpla la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio, que condenó en 2003 al estado argentino a eliminar el sistema de detenciones arbitrarias, puerta de entrada a la tortura y la muerte en comisarías. Claramente, en un sistema de opresión de clase y género, no es posible que ello ocurra.
Lejos de ello, se siguen acumulando hechos de represión en todo el país.
En el B° Rivadavia Norte la ciudad de San Juan, la familia Richard, compuesta por seis adultos y una bebé, que conviven en el mismo inmueble, decidió asar unos chorizos en las parrillas de uso común del edificio. Como había vecinxs de otro departamento usando otra parte del asador, uno de los integrantes de la familia dispuso el fuego y dejó los chorizos asándose. Cuando, al rato, bajó a controlarlos, no volvió, por lo que sus parientes bajaron a ver qué sucedía. Allí se encontraron con un operativo policial que había ingresado al inmueble, con efectivos armados con escopetas Ithacas, que les ordenaron arrodillarse, lxs golpearon brutalmente y arrestaron. Florencia Richard, una vez conducida a su casa con prisión domiciliaria, denunció en medios locales que la golpearon cuando sostenía su bebé en brazos, y debió ser suturada por las lesiones cortantes en la nariz y en la frente. La familia fue imputada por violación a las medidas del COVID.
En el Chaco, nuevos y graves episodios se sumaron al ataque perpetrado por agentes de la comisaría 3ª de Fontana contra una familia qom del barrio Banderas Argentinas, como denunciamos en nuestro reporte anterior.
En avenida Nicaragua entre Chaco y Lisandro de la Torre, Resistencia, un video filmado vecino registró el momento en que agentes de la comisaría 7ª detuvieron y pidieron su documentación a un hombre que circulaba en su vehículo. Terminada la conversación, cuando el hombre fue autorizado a retirarse, uno de los policías levantó su escopeta y disparó en dirección a su espalda.
Por otro lado Aurelio Alegre, de la comunidad qom de Espinillo, en El Impenetrable, relató que grupo de originarios fueron golpeados por la policía provincial. A raíz de la denuncia efectuada, la respuesta fue trasladar los agentes imputados a otro pueblo, sin suspenderlos de la fuerza siquiera.
En Quitilipi, unas treinta personas del movimiento social 25 de Mayo cortaron el tránsito en la Ruta 16, a la altura del kilómetro 155, para reclamar la falta de pago de su trabajo para el municipio, que se les adeuda desde febrero. El grupo fue duramente reprimido con disparos de escopetas con balas de goma y golpes.
También se difundieron imágenes de Barranqueras, en las que se ve a dos agentes policiales que también disparan con balas de goma a un joven, supuesto infractor del aislamiento. En la misma ciudad, otro joven denunció que fue golpeado con puños y patadas.
La provincia de Buenos Aires no se queda atrás en acumulación de denuncias. En General Madariaga, el domingo pasado, un transportista que salía de cargar nafta con su camión derribó sin querer uno de los conos del control policial que se encontraba en el lugar. Lo persiguieron con un móvil, lo interceptaron, y lo golpearon brutalmente, frente a su pareja, que logró filmar la situación. El hombre debió ser internado. La lesión más grave es el desprendimiento de retina de uno de sus ojos.
Nuevamente lxs trabajadores del frigorífico PENTA, en Quilmes, que vienen luchando contra el cierre y reclamando el pago de sus salarios caídos, sufrieron un ataque mientras realizaban una asamblea en la puerta de la planta. Esta vez fue una patota mercenaria del empresario Bruzzese, cuyos integrantes arremetieron con piedras, palos y armas de fuego contra lxs trabajadorxs.
En Moreno, hace unos días un grupo de familias armaron casas precarias en un predio fiscal. Siguiendo sugerencias de la defensoría oficial, estaban desmalezando para despejar parte del predio. En ese momento llegaron policías y quemaron las maderas, chapas y plásticos que estaban empleando para las viviendas. Cuando uno de lxs vecinxs apagaba el fuego, volvieron, lo golpearon y se llevaron detenidxs a él, a su pareja embarazada, a la que sacaron de los pelos cuando se asomó a pedir que dejaran de golpear a su compañero, y a otro vecino que venía de comprar y pasaba por ahí. En la comisaría de Catonas lxs golpearon, a uno de ellxs lo metieron a una pieza, lo desnudaron, lo arrastraron por el piso, lo patearon y le golpearon en los genitales con un palo. Después de las torturas, lxs alojaron a en un calabozo con el resto de los detenidos. La mujer embarazada estuvo detenida un día y medio y nunca recibió atención médica. Cuando volvió al barrio, donde quedaron sus cuatro hijxs, dos de ellxs con discapacidad, la policía no la quiso dejar entrar, la amenazaron con volver a llevarla detenida y le anunciaron que apenas se levante la cuarentena “si tenemos que venir con topadoras y volarlos por el aire lo vamos a hacer”. La mujer está aterrada de que maten a su pareja Mauro Fleitas, su pareja, en la comisaría, quien permanece detenido cuando tanto el delito que le imputaron como las circunstancias de la pandemia permiten su inmediata libertad.
En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la policía se cobró dos vidas más en esta cuarentena. En la madrugada del 1° de junio, Ulises Rial (25) conducía en su moto junto a Ezequiel Corvalán (30) en el barrio San Martín, cuando divisaron un patrullero de la Policía Local. Ulises intentó evitarlos, lo que dio inicio a una persecución, que culminó cuando el patrullero chocó la moto en la esquina de Carbajo y Piaggio. Ulises falleció en el acto, mientras que Ezequiel fue trasladado al Hospital San Felipe de la localidad, donde falleció tras casi cinco días de agonía. El conductor del patrullero, de apellido Maresco, y sus acompañantes, los agentes Hueza y Bazán, se encuentran imputados por homicidio culposo. El pueblo nicoleño se movilizó para reclamar juicio y castigo.
Desde Córdoba, nos llegó la denuncia de una familia de la ciudad capital, que relata que domingo 31 de mayo, por la noche, fueron brutalmente golpeadxs y detenidxs por la policía, que supuestamente buscaba un sospechoso de robo. Se registraron amenazas hacia la integridad sexual de una joven, fuerte golpizas a toda la familia y la detención de la joven con su madre, liberadas al otro día y de dos jóvenes que fueron liberados cinco días después. Posteriormente, cuando la madre concurrió a la escuela a retirar una caja de alimentos, reconoció como uno de sus atacantes a uno de los policías de custodia en el lugar, lo que le desencadenó un ataque de angustia. Junto a una docente de la escuela, desde CORREPI acompañamos a la familia a retirar los documentos de identidad que les retuvieron en la comisaría, de manera de evitar que corrieran el riesgo de una nueva detención.
También en Córdoba, cuatro integrantes de la familia de una delegada del FOL fueron detenidxs luego de una brutal golpiza hace tres días. Dos de ellos volvían de buscar el pan para la cena, cuando fueron interceptados y golpeados en la puerta de la casa. Cuando otras dos personas salieron a la vereda al escuchar los gritos, fueron golpeadas y detenidas. Gracias a la presión ejercida, hoy lxs cuatro detenidxs ya se encuentran en libertad.
En San Luis, donde ya son tres las personas detenidas en el marco de la cuarentena muertas en comisarías -Florencia Morales y dos adolescentes de 16 años- la policía realizó un megaoperativo en el extremo norte de la provincia, con más de 200 efectivos y 68 móviles que se desplegaron por las calles de once localidades. Identificaron a 1.150 personas y detuvieron una cantidad importante, incluido un pibe menor con discapacidad mental.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
