Como anticipara CORREPI a fines del mes de junio, la Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina aprobó, el 14 de julio, la modificación del Código Contravencional de la provincia, que ya contaba con media sanción de diputados.
De esta manera se agregó un nuevo artículo, el 119 bis, que prevé una pena de 15 a 30 días de arresto o 60 a 80 días de trabajo comunitario para quien “organizare y/o alojare reuniones que impliquen el incumplimiento de las normas que regulan estas actividades y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales”.
La medida, que contó con el apoyo del oficialismo y la mayoría del Frente de Todos, es la muestra de un nuevo embate por el control social al que aspira el gobierno y de su impotencia para contener la situación sanitaria en que estamos inmersxs. Ante el colapso del sistema de salud, la angustia económica que viven cientos de miles, la respuesta del estado es la cárcel. Nada hay más contraproducente que la amenaza penal/contravencional para evitar la propagación del virus. Esto generará que las personas no aporten a la investigación médica, o peor aún, que se aporten datos parciales o falsos por el temor a la represalia penal.
Ciberpatrujalle disfrazado de “buena vecindad”
Para asegurar el cometido del nuevo artículo, el gobernador Suárez anunció, el pasado lunes 3 de agosto, el ciberespionaje para Mendoza: “Estamos haciendo un sistema de monitoreo de redes para poder llegar a esos lugares y aplicar la sanción”, y recordó el caso del municipio de Ciudad: “La Capital tiene un sistema llamado Ojos en Alerta, y en todo Mendoza se debe hacer igual. Denunciar siempre irregularidades a través del 911, del 0800 COVID y de la app del 148, pero la clave siempre es la conciencia de cada ciudadano”.
Así como a nivel nacional, en otras provincias y municipios, Mendoza se suma a la persecución de lxs que piensan distinto, de lxs que protestan. Sobran ejemplos a lo largo y ancho del país de enormes despliegues policiales tocando a la puerta de personas que se animaron a cuestionar las condiciones de esta cuarentena, las medidas tomadas por los gobiernos o a sus funcionarios. Así se recabarán pruebas e iniciarán investigaciones por medios ilegales (costosos en recursos materiales y humanos) barriendo con los más básicos derechos de las personas, demostrando la verdadera cara de la coalición de gobierno y sus prioridades.
A la vez, el anuncio de cierre de bares y no de restaurantes o de otros comercios pero la prohibición de reuniones familiares, sólo habilita la circulación de quien puede pagar y consumir, lxs pobres serán lxs unicxs perseguidxs. Legislar, espiar y pegar seguirán siendo más baratos que ocuparse de la crisis.
El Gobierno provincial busca vaciar el Comité de Prevención de la Tortura
A lo anterior, se suma el intento de reforma de la Ley Provincial nº 8.284, sancionada en el año 2011, que creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CPPT). De aprobarse, Cornejo y Suárez darían un nuevo paso en su política punitivista al eliminar sin disimulos las organizaciones civiles de dicho organismo de control.
La CPPT tiene como función principal inspeccionar lugares cerrados o de privación de libertad, (fundamentalmente cárceles, comisarías, instituciones de salud mental, así como también cualquier otro lugar donde haya personas alojadas que no puedan salir por su propia voluntad, como instituciones para niñxs), realizar entrevistas confidenciales y elaborar recomendaciones a las autoridades con el objetivo central de “prevenir” hechos de tortura y/o malos tratos.
Hace más de un año se realizó un dudoso concurso público para el nombramiento del Procurador de las personas privadas de libertad (quien se encarga de presidir la CPPT) donde fue seleccionado Luis Romero, sin experiencia en derechos humanos, y alineado políticamente a la gestión provincial. Indudablemente aquella designación sentó las bases para este proyecto de reforma, cuyos ejes fundamentales son la eliminación del concurso público para el cargo del procurador siendo elegido por el Poder Ejecutivo y la reducción de 12 integrantes de organizaciones civiles a tan sólo 1, sustituyéndolxs por representantes del Ejecutivo y del Colegio de Abogados. Con esto se busca eliminar cualquier sospecha opositora a la gestión de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, con un comité afín a los intereses del gobierno.
La frutilla del postre: una abogada antiderechos a la Suprema Corte
En todo el contexto analizado, se suma la designación de la abogada María Teresa Day para ministra de la máxima instancia judicial en la provincia. Más allá de la disputa sobre la constitucionalidad de su nombramiento- en que se baten a duelo oficialistas y opositores ligados al PJ/kirchnerismo- está demarcado el camino de retrocesos que la provincia seguirá profundizando.
Es que Day, como Valerio en su momento designado por Cornejo, es una abanderada de la mano dura. Con su asunción, Juntos por el Cambio tiene la mayoría en la Corte y cualquier duda sobre las leyes en que tiene interés el oficialismo cuentan de movida con los fallos favorables de estos jueces.
Day también es una confesa enemiga del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con vínculos con la secta católica Opus Dei, en una clara muestra de profundizar los vínculos que ya unen a Cambiemos con los sectores más concentrados y reaccionarios del catolicismo y evangelismo (MásFe de Bonarrico, el nuevo partido UNO del empresario Lucero) que han entrado al escenario político.
