La consigna “Fuera Berni” es una de las más válidas y contundentes que han surgido en el último tiempo, más aún cuando tenemos en cuenta que es inadmisible la desaparición forzada de una persona a manos de las fuerzas policiales, sobre todo cuando hablamos del contexto de creciente represión que ha tenido a la policía bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza, como una de las principales protagonistas.
Es importante tener en cuenta que algunos sectores del oficialismo le “estarían soltando la mano”, como aseguran algunos medios de información, o estarían dispuestos a cambiar algunos sectores de la seguridad de Buenos Aires, sin tocar la figura del actual ministro de seguridad bonaerense, como aseguran otros medios informativos.
La realidad indica que la política represiva, que ha tenido como uno de sus epicentros a la provincia de Buenos Aires, también ha tenido un crecimiento exponencial en todo el territorio nacional, tal y como hemos señalado en nuestros casi cien reportes de la situación represiva en pandemia, en los que hemos tenido que denunciar todo tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desde el abuso sexual con oficiales de uniforme como victimarios hasta desapariciones forzadas.
Lo que demuestra que el caso de Berni no es algo aislado es lo que viene sucediendo en todo el país. Hemos contabilizado tres desapariciones forzadas desde que comenzó la cuarentena, dos de ellas en Buenos Aires, y una en Tucumán, gobernado por el justicialista Luis Manzur desde el año 2015. Luis Armando Espinoza fue encontrado en cruzando el límite con Catamarca, días después de ser desaparecido por la policía provincial. Pero es apenas uno de los cinco casos de muerte de personas a manos de las fuerzas de seguridad que ha tenido esa provincia norteña, que tiene a Claudio Maley como ministro de seguridad.
El cambio de cúpula policial en Córdoba, posterior al asesinato de Valentino Blas Correas, no es algo nuevo desde que Alfonso Mosquera es ministro de seguridad. Sólo ocho meses le duró la cúpula anterior, porque los escándalos policiales son una constante desde hace años: amenazas, policías a tiro limpio y el mote de “narco-policía”, con seis personas asesinadas por el estado provincial en la cuarentena.
El caso de San Luis, que viene gobernando Alberto Rodriguez Saá, con sus muertes en lugares de detención, ya sea en las comisarías de Villa Mercedes o la ocurrida en Santa Rosa del Conlara, no son algo que sorprenda en una provincia que ha dedicado tiempo y esfuerzos en operativos policiales que han incluido a cientos de oficiales en pueblos de pocos habitantes, y también destaca con seis muertes a manos de su aparato represivo desde el 20 de marzo.
En las provincias que tienen gobernadores de Juntos Por el Cambio, como Jujuy, con Gerardo Morales, la situación sanitaria llega a límites desesperantes, y la respuesta no es otra cosa más que elevar el nivel represivo con el que se actúa. Sin ir más lejos, fue dentro del sistema penitenciario donde se disparó el brote de contagios que ahora colapsa la salud pública en la provincia. Caso similar se vive en Salta con el gobernador Sáenz, que llegó al gobierno por medio del massismo.
Mientras tanto, las comunidades originarias del norte del país son de las más golpeadas, por la crisis y por la policía. Hemos denunciado hechos que incluyen todo tipo de vejámenes, como los ocurridos en Chaco, que gobierna Jorge Capitanich, otra de las provincias que han sido brutalmente golpeadas por el virus, y que no ve ninguna solución.
Cabe recordar que los comandos unificados entre nación y provincias, que promulgara constantemente Patricia Bullrich y que tuvieran en vilo a las barriadas populares de gran parte del país durante su gestión, no es algo que haya culminado con su mandato, sino que continúa y se profundiza con la actual gestión de gobierno.
Si bien la descripción de “el gobierno más represor desde el fin de la última dictadura militar” le cae como anillo al dedo a la gestión de Macri y Bullrich, el accionar de fuerzas federales en las provincias o algunos de los acuerdos que se han hecho entre nación y provincias, como el que se celebrara apenas comenzó la gestión de Frente de Todos entre la ministra Frederic y el gobierno de Santa Fe, siguen poniendo el foco en las barriadas populares.
La represión a la protesta es una constante, como viene ocurriendo en la Santa Cruz, que tiene como responsable de la gobernación a Alicia Kirchner. O como ocurre en lugares en donde el riesgo de contagio al Covid-19 es una constante, como las azucareras de Tucumán, o la represión a comunidades originarias, mientras el desmonte es considerado actividad esencial.
Ni hablar del respaldo que se hace desde el estado ante tales crímenes y violaciones: la absolución de los uniformados de la comisaría 4ª de Fontana en Chaco; el respaldo del ministro de Gobierno Seguridad y Culto de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, a los torturadores y asesinos de Mauro Coronel, o los pedidos del secretario de Seguridad de Chubut, Paulino Gómez, al jefe de la policía provincial de aumentar las detenciones sin discreción a comienzos del aislamiento, son todas maniobras cortadas con la misma tijera con la que Berni respalda a la bonaerense.
Todos estos ejemplos sirven para confirmar dos máximas que hemos tenido como organización desde hace casi treinta años: que los gobiernos pasan y la represión queda, y que no es un sólo policía sino toda la institución, o, mejor dicho, todas las instituciones estatales.
Mientras tanto, en Buenos Aires, con o sin Berni, la respuesta sigue siendo represiva. Por un lado vemos a Sergio Berni paseándose por canales televisivos y publicando en redes sociales, ahora diagnosticado con Covid-19, haciendo gala de su actitud represiva, mientras la familia de Facundo Castro sigue esperando respuestas del caso que tiene a su policía como principal protagonista. Por el otro, tenemos a la ministra Frederic, con el pleno respaldo del presidente Alberto Fernández, acordando con el gobernador Axel Kicillof el despliegue de 7.000 gendarmes y prefectos en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Es de vital importancia hacer énfasis en el “Fuera Berni”, y tener en cuenta que el hecho de sacar a un ministro de seguridad caracterizado por su defensa de la represión sería un triunfo de la lucha popular, pero hay que recordar que hay muchos funcionarios más que descargan la represión como política de estado sobre nosotrxs, aunque no tengan el perfil mediático, al estilo de campaña política, del actual ministro de seguridad bonaerense. Así lo demuestra nuestro archivo de casos, cuando se advierte, al hacer el análisis por millón de habitantes, que la represión es homogénea en todo el territorio nacional.
