A 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos: El Estado es responsable. Aparición con vida ya. Basta de gatillo fácil. Fuera Berni. Juicio y castigo a todos los genocidas.
Julio López fue secuestrado y desaparecido por segunda vez el mismo día en que las abogadas de la querella Justicia Ya! debían alegar en su nombre. Julio fue querellante y testigo en la causa contra el represor Miguel Etchecolatz, el primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad. La sentencia que logramos reconoció que los crímenes de Etchecolatz fueron cometidos en el marco de un genocidio.
El secuestro y desaparición de Julio mostró con crudeza los mecanismos de impunidad que persisten en el Estado. En la búsqueda de verdad descubrimos y denunciamos que 9.000 policías de la Bonaerense habían prestado servicio durante el genocidio. Lo admitió el propio Felipe Solá, gobernador provincial en ese entonces. Esa misma “maldita policía” y el entorno de Etchecolatz fueron protegidos por los sucesivos gobernadores. Recién después de dos años la causa se caratuló como desaparición forzada y pasó a la justicia federal, donde padecimos por años al juez Manuel Blanco, que también venía de la dictadura. El resultado fue una causa llena de pistas falsas y absurdas, hasta rastrillajes basados en videntes.
Desde la desaparición de Julio, todos los gobiernos encubrieron a la Bonaerense. En el gobierno de Néstor Kirchner, el ministro del Interior Aníbal Fernández deslizó que Julio podía estar en la casa de alguna tía. El gobierno de Cristina Fernández nunca se refirió al caso y dijo “aquí no hay desaparecidos”.
En todos estos años no hubo un solo imputado. Jamás se indagó a los represores que Julio acusó. Un monumento a la impunidad, como lo definió la querida compañera Adriana Calvo. El gobierno de Macri, ante la denuncia que hizo Justicia Ya! ante la Comisión Interamericana de DD.HH., propuso una “mesa de diálogo para explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa”.
Por todo esto denunciamos que el Estado es responsable y exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la desaparición de Jorge Julio López. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!
Desde el EMVyJ denunciamos que el gobierno de Macri avanzó en el ajuste y la entrega por orden del FMI y, para ello, endureció la política represiva y se intentó beneficiar con el 2×1 a los genocidas, intento que derrotamos en las calles. Impulsó la doctrina Chocobar e incrementó el gatillo fácil. Fueron asesinados Santiago Maldonado por la Gendarmería y Rafael Nahuel por la Prefectura, y aumentó la criminalización de la protesta social y el espionaje.
A su vez, el actual gobierno de Fernández mantiene políticas de ajuste, acuerda el pago a los bonistas buitres y negocia con el FMI seguir pagando la deuda a costa de más ajuste al pueblo trabajador. Antes de la pandemia, llamó a la “vuelta de página” hacia las FF.AA. Y con la pandemia, puso al Ejército a repartir comida en los barrios pobres y les dio a las fuerzas policiales y de seguridad el control de la cuarentena, con lo que las envalentonó. Ni qué decir de Berni, con su constante arenga represiva, que las refuerza y las encubre.
Rechazamos que la respuesta a las tomas de tierras sea la calificación de delitos y la represión. Rechazamos el “plan de seguridad” del gobierno que destina $ 37.700 millones para fortalecer a la Bonaerense. Rechazamos el amotinamiento de esa misma policía y la concesión de aumento salarial, incluso sin ninguna sanción pese a su carácter extorsivo. Y rechazamos también que ahora se plantee aumentar en $ 36.000 millones el presupuesto a las FF.AA.
Los casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención y desapariciones forzadas en todo el país es alarmante: en lo que va de la cuarentena, llevamos registrados 113 casos de muertes en mano de las fuerzas, incluidas tres desapariciones forzadas seguidas de muerte: Luis Espinoza en Tucumán y Francisco Valentín Cruz y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. De esos 113 casos, 34 fueron a manos de la Bonaerense.
Es la misma policía responsable de las desapariciones de Miguel Bru, López y Facundo. La que asesinó a Kosteki y Santillán, a Luciano Arruga, la responsable de la masacre de Monte y de cientos de casos de gatillo fácil, que fue premiada tras el amotinamiento, mientras planteaba exigencias de impunidad y reclamaba el cese de arrestos, desafectaciones, y sumarios contra sus miembros.
Rechazamos este camino de impunidad. No queremos sus traslados a otras comisarías bonaerenses. Queremos a los policías sentados en el banquillo de los acusados. ¡Juicio y castigo a todos los responsables por todos sus crímenes!
A pesar de todo esto y del alzamiento policial, Kicillof ratifica a Berni como ministro de Seguridad, abocado a su campaña personal bajo el discurso de mano dura, encubriendo a la policía por su participación en el crimen de Facundo y atacando a los organismos de derechos humanos.
Como siempre, para el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia defender los derechos democráticos es inseparable de defender los derechos sociales. Y los defendemos como se debe: con unidad de acción y con movilización en las calles. Y por eso seguimos exigiendo la investigación y castigo de la Policía Bonaerense, principal sospechosa de la segunda desaparición de Julio.
Compañeras y compañeros: Julio López sigue siendo un símbolo de esta Argentina que no se calla ni se deja intimidar, de las y los miles y miles, que en todo el país defendemos la memoria y rescatamos la lucha de las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Es un símbolo del pueblo que derrotó cada intento de impunidad de los genocidas y que sigue luchando por un país justo, libre y solidario, sin explotación ni opresión. Por eso hoy, a 14 años sin Julio, volvemos a decir: El Estado y los gobiernos son responsables. Aparición con vida ya. Desmantelamiento del aparato represivo. Fuera Berni. Juicio y castigo a todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
