Un muy resumido repaso de los hechos ocurridos en los últimos días permite ratificar que la respuesta represiva sigue teniendo preponderancia sobre las urgentes respuestas en materia social que el pueblo necesita y reclama. Sin dudas el ejemplo más abrumador es el de las más de dos mil familias que resisten en Guernica, acompañadas por una masiva solidaridad popular, el embate combinado del poder ejecutivo y el judicial que pretenden despojarlas del derecho a la tierra.
Juan Carlos “Cheta” González, un campesino tucumano de 60 años, también peleaba por el derecho a la tierra, organizado en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Había nacido en un predio de apenas cuatro hectáreas en El Cevilar, donde siempre vivió su familia y que él trabajó toda su vida, junto a su compañera y sus hijos. El 15 de septiembre a la mañana, se levantó y fue a llevar las vacas a pastar. Allí fue increpado por Carlos Fortunato Flores, un policía retirado que hace años es denunciado en la zona por usurpar tierras por la fuerza, que luego alquila a los productores sojeros. “Usted no puede entrar acá, no son más sus tierras“, le gritó el policía. Inmediatamente después disparó el primer tiro, que pegó a Don Cheta en el hombro y lo tiró del caballo. Otros dos tiros de remate, en el suelo, completaron la tarea.
La movilización y denuncia pública de su familia y sus compañerxs de la UTT lograron visibilizar el asesinato, y Carlos Fortunato Flores fue detenido y acusado por el homicidio. Claro que sus relaciones con el poder, el de uniforme y el que hace negocio depredando tierras fértiles con el monocultivo sojero, le valieron el beneficio de la prisión domiciliaria en la casa de una sobrina.
La justicia se encarga de recordarnos a diario que ese tipo de beneficios, fuera del alcance de la mayoría de las personas privadas de su libertad, son en cambio privilegios habituales para los verdugos de uniforme. Esta semana, otra vez se intentó liberar de la cárcel al máximo exponente vivo del terrorismo de estado y la política genocida durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el ex comisario de la Bonaerense Miguel Etchecolatz. El Tribunal Oral Federal nº 6 le concedió nuevamente el arresto domiciliario en su bonito chalet del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata.
Igual que a fines de 2017, además del repudio generalizado del movimiento de DDHH y las organizaciones antirrepresivas, el colectivo “Vecinxs SIN Genocidas”, que nuclea a las familias del lugar, manifestó su rechazo. “El lugar para Etchecolatz es la cárcel común y efectiva”, señalaron sobre el represor cuatro veces condenado a cadena perpetua por sus crímenes contra la humanidad. Si bien, por el momento, la graciosa concesión no se puede cumplir, ya que los tribunales de sus otras causas, en La Plata y Lomas de Zamora, no lo aprobaron, igual que lxs vecinxs de Mar del Plata estamos alertas para impedir que se consagre la impunidad.
Mientras tanto, y al mismo tiempo que seguimos con atención las circunstancias de la investigación por la desaparición forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro, y denunciamos las amenazas y aprietes a su mamá, sus abogados y los testigos, la comisaría de Mayor Buratovich volvió a aparecer en las noticias, a raíz de la denuncia de Luciana Giménez por la golpiza que su hija, de 20 años, recibió de parte de sus oficiales.
La piba volvía a su casa el domingo pasado a la noche, cuando a una cuadra de su domicilio vio las luces de un patrullero que se acercaba. Asustada, golpeó la puerta de unos vecinos para refugiarse allí, pero no le abrieron y fue detenida, acusada de querer robar en esa casa. El joven que la acompañaba contó que la arrastraron para subirla al patrullero, una de las policías le dio un puñetazo y la rasguñó, la tiraron al piso, la patearon en la cabeza y la zona genital.
La mamá, trabajadora del INTA, hizo la denuncia al día siguiente, cuando vio las marcas dejadas por el apaleamiento en el cuerpo de su hija. “Voy a luchar hasta el final siguiendo el ejemplo de Cristina“, dijo a los medios, en referencia a la mamá de Facundo.
Finalmente, en Mendoza, como lo relatamos en nota publicada ayer desde esa regional, Cristian Rodríguez y su hijo Nicolás, vecinos de San José, Guaymallén, fueron brutalmente golpeados el 15 de septiembre, en su propia casa. La policía fue al lugar a partir de una denuncia de “fiesta clandestina”, cuando en la casa sólo estaban quienes allí viven, un matrimonio y sus cuatro hijxs. Entraron por la fuerza, golpearon a Cristian y lo arrastraron fuera. Cuando uno de los hijos intentó defenderlo, fue también agredido y ambos, detenidos, terminaron en la comisaría 25ª, donde la violencia se incrementó.
El hecho es parte de lo que viene sucediendo de manera creciente en la provincia, como lo acredita la represión padecida apenas unos días después por un grupo de jóvenes que se movilizaron, con todos los recaudos y cuidados, a la gobernación, para reclamar la apertura, con protocolo sanitario, de algunos parques para poder practicar deportes individuales, como skate, ciclismo y patines. A la represión directa, iniciada por los preventores municipales y continuada por la policía en las puertas del Parque O’Higgins, al que se dirigieron desde la casa de gobierno, se sumaron detenciones de 20 jóvenes, en su mayoría menores de edad, conducidos a la comisaría 3ª y liberados gracias a la movilización popular.
Vemos, así, que no se trata de la acción de una u otra fuerza, o de una u otra provincia, sino que, a lo largo y ancho del país, no es un policía, es toda la institución. Enfrentarla requiere la organización y unidad del campo popular.
