El 22 de junio pasado, en Quilmes Oeste, el policía bonaerense Rodrigo Valdez fusiló al mecánico Fernando Matías Leguizamón (31). El asesinato fue presenciado por su compañera y madre de sus cinco hijxs, Yésica. Ella, junto a Walter, tío de Fernando y trabajador de Cresta Roja, al resto de su familia, vecinxs y amigxs, de inmediato se movilizaron para exigir juicio y castigo, con el acompañamiento de las organizaciones populares de la zona. Al mismo tiempo, se organizaron en CORREPI y también encararon la pelea en tribunales. En cuestión de días presentamos el pedido formal para que Yésica fuese particular damnificada en la causa judicial, de manera de tener acceso al expediente e intervenir como acusadora particular.
Pasaron días y semanas sin noticias. Reiteramos una y otra vez el pedido, señalamos que cumplimos todos los requisitos habidos y por haber, y seguimos sin respuestas. Al mes, supimos que el juez de garantías Marcelo Goldberg había resuelto dejar en suspenso la resolución hasta tanto la fiscal Ximena Santoro le informara “cuál era el rol de Leguizamón en el marco del proceso“. Le hicimos saber que no era muy difícil saberlo: Fernando está muerto por los disparos del arma de fuego reglamentaria del policía. Eso, en lenguaje forense, se denomina “víctima”.
Pero al juez no le resultó suficiente lo obvio. Siguió esperando, sin responder nuestros planteos, hasta que la fiscalía informó que el objeto procesal es la investigación de una tentativa de robo que “Leguizamón habría intentado cometer en perjuicio de Rodrigo Valdez, persona ésta que habría repelido la agresión sufrida, dándole muerte al primero“. Lisa y llanamente, la versión policial convertida en tesis fiscal.
Rápidamente el juez Goldberg se sumó al equipo de encargados de garantizar la impunidad de los represores, y resolvió: “No resulta prudente asignar a la presentante el carácter de particular damnificada, habida cuenta que ello, eventualmente, podría perjudicar el avance de la pesquisa y el esclarecimiento de los hechos“. En otras palabras, le negó a Yésica y sus hijxs la posibilidad de intervenir en el trámite para que no haya una mirada independiente que ponga en cuestión el aval judicial al gatillo fácil.
Con toda la bronca, pero también con toda la razón de nuestro lado, apelamos a la Cámara Criminal. Denunciamos en la presentación la falta de voluntad de la fiscalía para investigar la muerte de Fernando, y dijimos que, si el fin de la investigación penal es recolectar elementos que permitan probar lo que pasó y quién es responsable, la intervención de la familia como parte es fundamental, de manera que la única hipótesis a investigar no sea la del policía, que la fiscal y el juez defienden como propia. Recordamos a los camaristas -con citas concretas- que no son pocos los casos de gatillo fácil que sólo llegaron a juicio por el impulso del proceso llevado adelante por la acusación particular.
En un fallo contundente, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes acaba de reconocer que, aunque “la hipótesis fiscal” sea que “el policía repelió la agresión cometida por Leguizamón mediante la utilización de un arma de fuego, produciéndose la muerte de este último“, no puede negarse el derecho de Yésica y sus hijxs a intervenir para que se determinen las circunstancias del asesinato y la responsabilidad de su autor.
Esta resolución apenas si permite -cuatro meses después- que podamos acceder a la causa, ofrecer pruebas y controlar las que se produzcan, pero es a la vez un gran triunfo. Así como la postura de la fiscal y el juez explican por qué cantamos en nuestras movilizaciones “Yo sabía, jueces y fiscales protegen a la policía“, el fallo de la Cámara muestra que es posible, con la lucha organizada y consecuente, torcer el brazo que sostiene la política de impunidad y protagonizar, aun con las limitaciones del sistema, un camino independiente en la búsqueda de justicia.
Tardíamente, pero al fin, comienza ahora otra etapa:
