Desde que empezó la pandemia, CORREPI advirtió sobre la vulnerabilidad de todas las personas privadas de su libertad en las distintas cárceles de todo el país, y exigimos al estado medidas concretas sobre la masacre que produce el ingreso del virus Covid-19 en ellas.
El sistema carcelario argentino está en crisis desde mucho antes de esta emergencia sanitaria. La tasa de carcelación creció en los últimos años de manera exponencial, a un ritmo de 10.000 nuevxs presxs por año. Hoy las cárceles federales y provinciales alojan más de 100.000 personas, a las que hay que sumar no menos de 12.000 que están en comisarías y otros lugares de detención. De ese total abrumador, bastante más de la mitad no están condenadas, sino que son víctimas de la masificación del uso de la prisión preventiva como pena anticipada contra lxs más vulnerabilizadxs.
Actualmente, según los datos que hemos podido recopilar desde que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo de este año, hemos dado con la inconcebible realidad de que 234 personas han muerto durante la pandemia en cárceles, a lo largo y ancho de la Argentina.De esas 234 personas, 53 han fallecido a causa del virus Covid-19: 19 en unidades penitenciarias y comisarías; 23 en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense; 16 en unidades del Servicio Penitenciario Federal; 11 en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta; 3 en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba; 12 en unidades del Servicio Penitenciario de Jujuy; 2 en el Servicio Penitenciario de Mendoza; 2 en el Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan. A esto se suman al menos 3 fallecimientos en dependencias policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Se han producido numerosos reclamos en estos meses por parte de lxs presxs exigiendo las condiciones mínimas de atención ante la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran de cara a la situación sanitaria nacional. Sin embargo, en el día de ayer, ante los pedidos que se realizaron en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires (Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín), dónde parecía que se había llegado a distintos acuerdos, hoy nos enteramos que el servicio penitenciario de la cárcel de Florencio Varela reprimió duramente a quienes se encuentran ahí, privadxs de su libertad.
Repudiamos el accionar del servicio penitenciario Bonaerense y hacemos responsable al estado por esta situación.
Cómo hemos dicho ante cada avanzada contra los sectores cuyos derechos han sido históricamente vulnerados y su situación empeoró durante la pandemia, la respuesta no puede ser la represión.
