Hace menos de un mes, publicamos la actualización de nuestro Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. A la fecha de corte, 19/11/2020, registrábamos 411 muertes por gatillo fácil, en lugares de detención y otras modalidades desde el 10/12/2019, lo que nos daba un promedio de una muerte cada 20 horas en ese lapso, apenas inferior al clímax de una muerte cada 18 horas de 2019.
En el escaso tiempo transcurrido, son 25 los nuevos casos consignados, totalizando 436 en la actual gestión, 372 de ellos desde el inicio de la pandemia.
Diecinueve hechos ocurrieron entre fines de noviembre y diciembre de 2020 y seis en los primeros días de enero de 2021. Nueve son fusilamientos de gatillo fácil y otro tanto son muertes en cárceles y comisarías. Se suman dos femicidios y dos femicidios relacionados, tres asesinatos cometidos como consecuencia de otras formas de criminalidad policial y un caso de venganza por un conflicto de vecindad.
Detrás de cada número hay historias, nombres y proyectos de vida interrumpidos por la violencia estatal.
Uno de los más recientes en la ciudad de Buenos Aires, es Pablo Pereyra. Una oficial mujer de la policía de la Ciudad, numeraria de la comisaría vecinal 1C, circulaba en su auto por la zona de Constitución. En un descuido, una persona le arrebató por la ventanilla el teléfono celular y salió corriendo. La policía se bajó del auto, reglamentaria en mano, y lo corrió una cuadra, a los tiros. Una de las balas impactó en Pablo, cartonero que estaba en la esquina, inclinado sobre el contenedor de basura. Pablo agonizó dos semanas en el hospital Ramos Mejía, mientras que el nombre de la mujer policía, ahora imputada por homicidio agravado por haber sido cometido por una integrante de una fuerza de seguridad y con el uso de un arma de fuego, ha sido cuidadosamente preservado, tanto por el juzgado como por los medios de comunicación. Como Carolina Píparo y su marido embestidor, seguramente estará argumentado que sufrió un shock ante la terrible situación del despojo material y no midió las consecuencias.
Mientras tanto, en Corrientes, la familia de Héctor Exequiel García, de apenas 20 años, trata de que se investigue su muerte en el penal de San Cayetano. Héctor ingresó al hospital el 13 de enero, con muerte cerebral por golpes y contusiones pulmonares. No lo pudieron salvar. Lo apaleó el personal penitenciario cuando junto a sus compañeros de pabellón reclamaba que se hisope a toda la población después de una nueva muerte por Covid-19. La mayoría de las muertes en cárceles y comisarías corresponden a personas que requerían urgente atención médica y murieron sin asistencia alguna.
La zona de Ezeiza se conmocionó el 25 y el 31 de diciembre, con el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, María Emilia Barros de 40 años y Analía del Rosario Barbosa Martínez, de 26, en dos descampados a seis kilómetros de distancia. Hoy la policía bonaerense fue apartada de la instrucción de la causa, porque hay evidencia de participación directa o indirecta de su personal en ambos femicidios.
La madrugada del 1º de enero, un gendarme de la Unidad de Investigaciones Campo de Mayo, que solemos cruzar en las causas iniciadas por represión a la protesta y el conflicto social, esperó a su ex pareja frente a su casa. Cuando la mujer llegó, junto al hijo de ambos de 8 años, su nueva pareja y su cuñado, disparó su arma reglamentaria y mató a los dos hermanos, Alexis y Martín Ariel Salto.
Entre los casos de gatillo fácil son varios los que tienen como antecedente una tentativa de robo sin armas, delito que tiene una pena máxima de tres años, si te condena un juez, o de fusilamiento por la espalda si te ejecuta sumariamente un gendarme, prefecto o policía, que en la mayoría de los casos ni siquiera será indagado. La mayoría de las víctimas de gatillo fácil de este período oscilan entre los 16 y los 23 años de edad.
En el marco de la pandemia, abundan los casos de hechos vinculados a otras formas de criminalidad policial que derivan en el asesinato, como le pasó a Horacio Oscar Cevallo, de 23, en Solano. Había comprado una moto y la ofreció en venta en redes sociales. Pactó un encuentro con un interesado en una estación de servicio, sin tener idea que la moto era robada y el potencial comprador era su dueño original, que llegó junto a un policía de la Ciudad y dos bonaerenses, que aprovecharon la changa del operativo ilegal para mejorar sus ingresos. Para cuando llegó la policía llamada por el playero, Horacio estaba boca abajo, esposado y muerto.
Parecido fue lo que sucedió con Santiago Stirz, joven músico platense, que el 15 de diciembre iba en bicicleta, cuando fue asaltado para robarle la mochila y la guitarra. Le pegaron un tiro en la cabeza. En la investigación se develó que los ladrones eran mano de obra contratada por la policía, que liberó la zona.
En Córdoba, Lidia del Valle Cabrera, de 65 años, estaba cansada de pedir a sus vecinos Roque Bonaldi, policía retirado igual que su hijo Leonel Bonaldi, y su hija, Antonella Bonaldi, policía en actividad, que bajaran la música e hicieran menos ruido en sus reiteradas reuniones nocturnas. Por años venía haciendo denuncias que sólo recibían amenazas de la familia policial como respuesta. Finalmente, el 6 de diciembre padre, hijo e hija forzaron la entrada a su casa, y la mataron de un ladrillazo en la cabeza mientras la mujer intentaba pedir ayuda… al 911…
A la par que crece la incertidumbre por el avance de la pandemia que probablemente requiera nuevas medidas restrictivas para contenerla, lo que agravará aún más la vulnerable situación de millones que a duras penas sobrevivieron al 2020, sin ingresos y sin suficiente asistencia estatal, sigue aumentando la letalidad de las fuerzas de seguridad en las calles y en los lugares de detención, con estos resultados alarmantes.
Mientras escribimos estas líneas, en un mes de enero sin IFE y con presupuestos que no prevén asistencia material frente a la crisis que ocasionará la pandemia en 2021, se acaban de anunciar aumentos de sueldo, retroactivos a diciembre, para el personal de la policía y el servicio penitenciario bonaerenses, responsables de más de la mitad del total de muertes en todo el país.
Por eso seguimos exigiendo que se aborden, desde los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad, las medidas mínimas de nuestra Agenda Antirrepresiva urgente, y se disponga de los recursos existentes y los que es posible recaudar a partir de gravar las grandes fortunas, para garantizar las condiciones de vida del pueblo trabajador, y no para subvencionar su muerte a manos de fuerzas de seguridad.
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