Una vez más el aparato estatal gatilla contra un trabajador. Facundo “Kako” Martínez, de 43 años de Godoy Cruz, estaba trabajando con su auto por la capital mendocina el pasado 18 de febrero alrededor de las 20:00 cuando fue fusilado. Dos efectivos de la Policía Federal dispararon impunemente propiciándole un balazo en el tórax, que inmediatamente terminó con la vida de Facundo.
En un accionar totalmente irregular, en un auto particular y vestidos de civil, los policías al considerar que tenía “una actitud sospecha“, se acercaron para identificarlo. Fue allí que Facundo aceleró para evitar el control. Seguidamente los policías abrieron fuego. Los testigos en el lugar aseguran que efectuaron cuatro detonaciones, una de las cuales fue la fatal.
A partir de ese momento se puso en funcionamiento el usual aparato para garantizar la impunidad policial. Las fuerzas represivas y los medios hegemónicos se ocuparon de instalar una versión “oficial” intentando descalificar y culpabilizar a Facundo. Tal y como sucede en la mayoría de los casos de gatillo fácil: aludiendo al robo vehicular, la tenencia de drogas y la portación de arma, bajo el conocido titular de “Fuerzas de seguridad abatieron a un delincuente“. Todo bajo la intención de fraguar la causa.
Este tipo de accionar que intenta incriminar a la víctima fatal del accionar represivo no es nada nuevo, ni un caso excepcional, pero esta vez sin éxito. Los sucesos que intentaron instalar rápidamente se desmoronaron ya que el auto era pertenencia de Facundo, no se encontraron estupefacientes, tampoco portaba ningún arma, ni tenía antecedentes. Lo que deja en evidencia a la pareja de policías quienes se encuentran detenidos frente a una inminente imputación.
En la provincia de Mendoza en el último informe de CORREPI registramos, durante el año 2020, catorce casos donde la violencia policial arremetió contra la vida de trabajadorxs y pibxs, con un total de 289 casos desde la vuelta a la democracia. Asimismo, de los 7.587 casos registrados a nivel nacional hasta noviembre pasado, el 36% responde a casos de gatillo fácil. Además, Mendoza sigue posicionándose entre las cinco provincias más represivas del país. De este modo, sobran ejemplos para fundamentar que los asesinatos en manos de las fuerzas represivas no son hechos aislados, sino que claramente son la expresión de una política de estado a la que contribuyen todos los poderes y estamentos oficiales, donde quien dispara es un oficial, pero quien apunta, más allá de quien gobierne, es el estado.
Desde CORREPI una vez más exigimos el esclarecimiento de la causa y juicio y castigo a los culpables. Denunciamos la implementación de los códigos contravencinales que revisten de poder a las fuerzas de seguridad para accionar impunemente según “su olfato policial“.
Con dolor y rabia gritamos fuerte:
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡Justicia por Facundo “Kako” Martínez!
¡Cárcel a los asesinos!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
