La Agenda Antirrepresiva Urgente de CORREPI reclama un conjunto de medidas que podrían reducir significativamente el impacto de la represión que las fuerzas de seguridad descargan a diario, aun cuando no modifiquen su carácter de política de estado, lo que requiere un cambio de sistema. Son medidas posibles aquí y ahora, que dependen de la voluntad política de implementarlas, para eliminar privilegios de los uniformados y proteger la vida e integridad física de las personas.
MEDIDA 3
Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales
En los Ministerios de Seguridad de Nación, provincias y Ciudad, existen cuerpos de abogados que son asignados en forma institucional y gratuita para la defensa técnica de miembros de las fuerzas sometidos a causas penales cuando el hecho es “consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado policial”.
Es un privilegio del que carece toda otra persona acusada por un delito, que debe optar entre contratar y pagar una defensa particular o recurrir a la defensoría oficial, habitualmente desbordada de causas.
Hay un acto administrativo previo por el cual se autoriza su intervención en cada caso. Sistemáticamente vemos a esos abogados dependientes de los ministerios defendiendo uniformados en casos de gatillo fácil, torturas, represiones y muertes en manifestaciones, lo que desde ya implica que esos hechos son desde el inicio considerados “actos de servicio” por las autoridades ministeriales.
Exigimos la prohibición del Estado de brindar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales vinculadas a hechos represivos.
