Este sábado se cumplen 19 años de la masacre de Avellaneda, que dejó un saldo de casi 40 heridxs y el fusilamiento de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El enorme operativo represivo, coordinado entre los gobiernos nacional y provincial, fue diseñado para impedir que llegara al Puente Pueyrredón el grupo más numeroso de las distintas organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y así disciplinar al movimiento piquetero en su conjunto, en una jornada de cortes simultáneos en diferentes accesos de la ciudad. El operativo represivo comenzó días antes, con una profusa actividad de la SIDE (hoy AFI), y se consumó en el lugar con la intervención de Gendarmería Nacional, Prefectura Argentina, Policía Federal y Policía Bonaerense. De acuerdo al reparto de tareas entre las fuerzas federales y provincial, tocó a esta última protagonizar el ataque directo a lxs manifestantes.
Años después, a fuerza de impulso de la causa por heridxs y familiares de los compañeros asesinados, y sostenida movilización popular, se logró la condena a los autores materiales de los asesinatos y lesiones. El comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio. El comisario Félix Vega y los oficiales principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente, a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado; el oficial Gastón Sierra a tres; el cabo Lorenzo Colman a dos años, y Celestino Robledo, que a pesar de no ser ya policía actuó como francotirador, recibió la pena de diez meses por usurpación de autoridad.
Aunque de inmediato se iniciaron causas contra los responsables políticos, como siempre que el estado pone las balas, el poder judicial se esfuerza por cumplir su función en el entramado represivo estatal, que es garantizar su impunidad. La causa iniciada por la mamá de Maxi Kosteki ante la justicia provincial para investigar la responsabilidad del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y su gabinete, fue archivada sin una sola iniciativa de la fiscalía, por decisión de la jueza de garantías Marisa Salvo. La causa iniciada ante la justicia federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales de aquel tiempo, pasó por cuatro fiscales que sólo se dedicaron a buscar formas de cajonearla. La actividad sostenida de la querella de las familias de Darío y Maxi, acompañadas por las organizaciones que integramos la Comisión Independiente por Justicia para Darío y Maxi, logró forzar al juez Ariel Lijo a desarchivarla. A pesar de los valiosísimos testimonios incorporados en años recientes, como el de la compañera Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, continúa paralizada y sin avances.
Pero, ¿quiénes fueron los responsables políticos y qué rol juegan hoy, después de 19 años? Hagamos un breve repaso por nombres que seguiremos denunciando hasta que haya justicia por Darío y Maxi.
Eduardo Duhalde: Comenzó su carrera política como intendente de Lomas de Zamora en 1975. Bajo su mando sucedió la tragedia de Pasco, en la que la Triple A asesinó ocho militantes de la Juventud Peronista. Una década y media después, acompañó a Carlos Menem en la fórmula presidencial, para renunciar a su cargo en 1991 y presentarse como candidato a la gobernación de Buenos Aires. Como gobernador, designó jefe de la policía de Buenos Aires al “Polaco” Pedro Klodczyk, paradigma de la “maldita policía”. Bajo su gestión ocurrieron la Masacre de Wilde, la desaparición seguida de muerte de Miguel Bru, el asesinato de Cristian Campos y un sinnúmero de fusilamientos de gatillo fácil y otros hechos represivos. Hoy, Duhalde sigue fiel a sus ideales golpistas y represivos. Desde el inicio de la pandemia es noticia por sus repudiables dichos que insinúan golpes e intervenciones militares, y hace pocos días reveló sus “conversaciones” con Patricia Bullrich para buscar “consensos”. No es difícil imaginar cuáles pueden ser los acuerdos entre alguien como Duhalde, con su historial de gatillo fácil, y Patricia Bullrich, ex ministra del gobierno más represor desde el retorno de la democracia.
Felipe Solá: Con un historial camaleónico, siempre supo ubicarse del lado del poder de turno, pasando por Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, y el gobierno actual, del que es Canciller. En 2002 era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue quien coordinó con el gobierno nacional la represión en el Puente Pueyrredón, y dirigió, a través de su ministro de Seguridad, Juanjo Álvarez, la intervención de su policía. Responsable del ingreso de la soja transgénica como secretario de agricultura de Carlos Menem, fue el creador del grupo especial de “PALEROS”, en 2002, como grupo de choque frente a la protesta social.
Aníbal Fernández: Fue intendente de Quilmes, y parte, en distintos cargos, de los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales desde el menemismo hasta la actualidad, especialmente protagonista en las gestiones de Néstro Kirchner, del que fue ministro del Interior, y de Cristina Fernández, como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Jefe de Gabinete. Bajo el breve mandato de Duhalde, fue el Secretario General de la Presidencia, es decir, uno de sus principales asesores. En la conferencia de prensa posterior a la masacre de Avellaneda, dio detalles sobre las asambleas previas a la movilización en Puente Pueyrredón, y dejó en evidencia el trabajo de infiltración que llevó adelante la ex SIDE a cargo de Carlos Soria.
A la lista se suman Jorge Matzkin, ex ministro del Interior; Juan José Álvarez, ex agente de la SIDE durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, varias veces intendente de Hurlingham con récord de gatillo fácil (y con Patricia Bullrich como secretaria de Gobierno), ministro de Seguridad de Solá y luego secretario de la misma cartera en la presidencia de Eduardo Duhalde, uno de los principales encargados del operativo de seguridad aquel 26 de junio junto al titular de la SIDE, el ya fallecido ex gobernador de Río Negro Carlos Soria, y el número dos del organismo Oscar Rodríguez; Alfredo Atanasof, jefe de gabinete al momento de la Masacre y actual embajador en Bulgaria; y Jorge Vanossi, ministro de Justicia en 2002, y desde 2015 electo diputado del Parlasur por el frente Unidos por una Nueva Alternativa, de Sergio Massa.
Muchos de estos nombres continuaron formando parte de los distintos gobiernos de turno posteriores al de Duhalde. Ese reacomodo, y la connivencia con el poder judicial, les permitieron evitar todo tipo de condena por su responsabilidad política en los asesinatos de Darío y Maxi.
El ejemplo de los compañeros Darío y Maxi, de su militancia, y la solidaridad de la que dieron prueba hasta el último respiro en aquella trágica jornada, se multiplicó por miles. Durante todos estos años, los hemos llevado como emblema en cada lucha, organizadxs, resistiendo a la represión estatal, y peleando por cada derecho conquistado por el pueblo en las calles.
A 19 años, seguimos reclamando
Justicia por Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Juicio a los responsables políticos y condena efectiva.
