Cada fecha en la que recordamos a unx de nuestrxs pibxs asesinadxs por la policía, no sólo se trae a la memoria lo que esxs pibxs eran y significaban para sus familias y amigxs, también son la muestra cabal y concreta de que el gatillo fácil es política de estado.
Cuando cada 20 horas tenemos un caso como el de Rodrigo para denunciar, la sistematicidad de la violencia policial se revela como forma de control y disciplinamiento social ejercida contra lxs jóvenes, y sobre todo lxs pobres en nuestro país.
El 28 de junio de 2003, Rodrigo Corzo fue asesinado en el puente Santa Rosa del Acceso Oeste por el Oficial Inspector Cristian Alfredo Solana y el Sargento Ariel Horacio Núñez, los dos del Comando de Patrullas de Hurlingham.
Según los policías, tomaron a Rodrigo por sospechoso de robar el auto que manejaba, por lo que comenzaron a seguirlo y terminaron disparándole, lo que le provocó la muerte en el acto.
Las versiones de los policías intentaron justificar la persecución y los disparos, trucharon pruebas y compraron testigo. Pero era evidente que se trataba de un caso de gatillo fácil lisa y llanamente, con lo que hasta en sus mismas declaraciones terminaron en contradicciones que confirmaron el asesinato.
Aún así, el poder judicial echó mano a fundamentos absurdos que dieron como resultado sentencias irrisorias. Solanas le dieron una condena que le permitió la libertad condicional en 2009. Nuñez siguió en funciones hasta ese año, en el que desapareció. Aunque había un pedido de captura sobre él, nadie lo buscaba. Hasta que en 2011, compañerxs familiares de CORREPI lo vieron caminando libremente por las calles de Moreno. Sólo esto permitió que se presionara para desarchivar la causa y en 2012 se lo condenara a tres años y medio de prisión por encubrimiento agravado.
A Rodrigo lo mataron dos policías y aún probando su culpabilidad, ambos están en libertad.
La impunidad y la protección por parte de las instituciones y el poder judicial hacia los asesinos de uniforme suele ser la regla.
Es por esto que el castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos es una de las exigencias centrales que el estado debe cumplir para reducir la violencia de las fuerzas represivas que se descarga cotidianamente sobre los sectores más jóvenes y pobres de nuestro pueblo.
¡Rodrigo Corzo, PRESENTE!
