“… una seguridad democrática implica atender seriamente, interministerialmente y responsablemente, a la reversión de la criminalización que se ha volcado sobre juventudes, infancias y adolescencias, sobre todo de los sectores populares. Revertir esa matriz que hemos heredado del neoliberalismo reciente nos obliga a trabajar en la formación curricular y en la capacitación del personal de las Fuerzas en materia de derechos humanos, especialmente, de niñas, niños y adolescentes. Esa tarea la venimos fortaleciendo desde el inicio mismo de nuestra gestión”. Sabina Frederic, 6/7/2021.
El martes 6 de julio, el gobierno nacional informó que los titulares de los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad, Daniel Arroyo y Sabina Frederic, firmaron “un convenio para elaborar protocolos de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad en los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes y, de ese modo, garantizar sus derechos.”
Este tipo de medidas, que pueden sonar progresistas frente a quienes piden a gritos cárcel para niñxs, al estilo Berni o Bullrich, además de contener varios problemas conceptuales, se basan en propuestas que apuntan a la “formación en DDHH de las fuerzas”, cosa que, aun si fuera posible, siempre que se planteó no resolvió jamás el alto índice de muertes a manos de la represión estatal, hoy de una muerte cada 20 horas, en su mayoría de personas muy jóvenes.
Nuevamente se habla de “seguridad” en términos represivos. Nosotrxs preguntamos, ¿seguridad para quién? Con una pobreza estructural que ubica a la mitad de lxs niñxs argentinxs por debajo de esos índices, la solución oficial es buscar una salida pragmática del problema, sofisticando o “humanizando” las formas de controlar, detener, reprimir.
El gran problema reside en que no hay formas de humanizar el gatillo fácil, los hostigamientos, las torturas, las muertes en las cárceles y comisarías. Los centenares de denuncias sobre situaciones represivas en los barrios, sólo en estos muchos meses de pandemia, muestran que ningún curso de DDHH resuelve el problema de que las fuerzas de “seguridad” (represivas) cuenten con la impunidad suficiente para garantizar el control social a cualquier costo.
Volvemos a preguntar ¿de la seguridad de quién dicen ocuparse? No parece que sea de lxs jóvenes, niñxs y adolescentes, que la propia ministra reconoce que son víctimas cotidianas de la criminalización a que lxs someten las fuerzas que ella dirige. Por más cursos y formaciones que se vienen implementando, lxs pibxs de los barrios saben mejor que nadie que la policía no te cuida, te hostiga, te tortura y muchas veces te mata.
Si verdaderamente quieren ocuparse de abordar el problema de lxs pibxs de los barrios populares, tiene que existir verdaderas políticas que lxs saquen de la pobreza y la indigencia. Y si realmente quieren reducir la letalidad de las policías y otras fuerzas sobre el pueblo trabajador, deben tomar medidas urgentes contra la represión, como éstas:
• Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias.
• Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
• Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
