Se cumplen 46 años del inicio de la última dictadura eclesiástico- cívico- militar. Nos volvemos a encontrar en las calles para marchar por la memoria de nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs – desaparecidxs. Todos los años, desde la vuelta de la democracia, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas nos reunimos en una jornada de lucha para exigir juicio y castigo efectivo a los genocidas, para que se abran los archivos, y para que todxs sepamos dónde están lxs hijxs, nuestrxs nietxs.
La política represiva genocida llevó a que 30.000 compañerxs fueran detenidxs, torturadxs y desaparecidxs, a la apropiación de bebés, a la violación sistemática de mujeres y a otros crímenes de lesa humanidad contra el conjunto de la clase trabajadora. A su vez, en el plano económico, realizaron profundos cambios -para favorecer a los grandes capitales-, que derivaron en hambre para el pueblo, y en medidas tales como la liberalización y desregulación laboral, el congelamiento de los salarios y el endeudamiento externo. Esto último recae una vez más sobre el pueblo, a partir de la deuda odiosa e impagable que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018 con el FMI cómplice de la dictadura, a la cual apoyó a sabiendas de , y convalidó, hace días, Juntos por el Cambio con parte del oficialismo en el Congreso.
La lucha incansable en las calles logró instalar el repudio y la condena social hacia el terrorismo de estado que exterminó a una generación entera de luchadorxs. Aún con una derecha negacionista que se envalentonó a partir del triunfo, en 2015, de la alianza macrista que hoy tiene representación legislativa, en mayo de 2017 fuimos cientos de miles en las calles lxs que frenamos la avanzada que intentó impulsar el beneficio del 2×1 y la impunidad a los asesinos de uniforme condenados por delitos de lesa humanidad.
Pero la lucha continúa aún hoy, en democracia: desde CORREPI sumamos a esos reclamos las denuncias hacia la represión de hoy, y las exigencias para que esta realidad cambie. No hay NUNCA MÁS posible si el estado sigue siendo responsable de las miles de muertes y cientos de desapariciones que ocurren a manos de las fuerzas represivas.
Desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, más de 8.200 personas han sido asesinadas por el aparato represivo del estado, a través del gatillo fácil y la tortura en lugares de detención como principales modalidades.
El número de femicidios de uniforme se incrementa y todos los gobiernos tienen las manos manchadas por la represión a las manifestaciones populares. El estado mata una persona cada 17 horas bajo estas circunstancias, y siguen existiendo, aún hoy, desapariciones forzadas a manos de la policía. Caminar por un barrio o estar en un calabozo SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE A MANOS DEL ESTADO.
Tuvimos gobiernos promotores de esta política de la mano dura y la represión, y también gobiernos que dicen condenar el gatillo fácil y la violencia institucional. Pero las balas a nuestrxs pibxs se han tirado con el aval de todos. Porque cuando el estado no resuelve el problema de fondo, y protege a los represores, legitima las muertes por gatillo fácil. Con un enorme esfuerzo, y después de muchísimos años de pelea en soledad, hemos logrado que se empiece a nombrar a estas muertes como gatillo fácil, y aún así, seguimos prácticamente igual.
Pasado el nefasto macrismo, con el repudiable galardón de ser el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, fue derogada la doctrina Bullrich, que permitía a las policías disparar primero sin que fuera necesario dar la voz de alto o intentar resolver las situaciones por otros medios. Sin dudas eso fue un gran avance que conseguimos con la lucha popular. Pero la realidad indica que hoy las policías y demás fuerzas han sido empoderadas con la excusa del control de la pandemia, y siguen contando con la impunidad de jueces, fiscales e instituciones que los protegen cuando cometen estos asesinatos, cuando fusilan en la calle, cuando torturan en una comisaría o matan en un calabozo. Esta es la realidad que CORREPI denuncia y combate hace 30 años. Creemos que, con la presencia del FMI en nuestro país y sus políticas de hambre, este escenario se va a profundizar y será en las calles donde deberemos dar la lucha contra el ajuste y la represión.
Para poder decir NUNCA MÁS, a 46 años de la última dictadura eclesiástico-cívico-militar, es necesario sumar a los reclamos de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA:
- Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias
- Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio
- Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales
- Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión
- Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos
