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Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2022

En este link podés descargar el informe y listados completos del Archivo 2022 de Casos de Personas Asesinadas por el estado.

TRES AÑOS DEL FRENTE DE TODOS:
Expectativas desperdiciadas y el peligro de una derecha vigente

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado:
1) ¿Por qué hacemos el archivo?
2) ¿Cómo hacemos el archivo?
3) Las conclusiones

La represión en la “nueva normalidad”
Estar en un calabozo mata
Intervención de las distintas fuerzas
Edad de las víctimas
Distribución por territorio
Femicidios de uniforme
Gestiones: No todo da igual, aunque haya mucho por reclamar
Las muertes en la represión a la protesta
Vigencia y urgencia de la Agenda Antirrepresiva

TRES AÑOS DEL FRENTE DE TODOS:

Expectativas desperdiciadas y el peligro de una derecha vigente

La oportunidad perdida

La consigna principal del Informe de la Situación Represiva Nacional 2021 fue “La deuda es con el pueblo”, en evidente referencia a la negociación que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional durante sus primeros dos años de gobierno, y se acercaba a su desenlace en 2022.

Como en tantas otras áreas, la promesa de campaña de investigar una deuda absolutamente fraudulenta terminó en un acuerdo perjudicial y de sometimiento para nuestro país. El propio FMI violó su estatuto, dejó los dedos marcados en el texto de acuerdo, y blanqueó, a través del ex asesor de Donald Trump y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver-Carone, que dar el mayor préstamo de la historia de la entidad a Mauricio Macri “para que gane las elecciones” fue una decisión del gobierno de EEUU.

Con toda esta información a favor, Alberto Fernández y Martín Guzmán decidieron de todas formas definir un pago que incluye revisiones permanentes (y por ende, la intromisión y condicionalidad del Fondo en la economía argentina) y una curva de vencimientos imposible, aún con las innumerables “oportunidades” productivas que el gobierno presenta como el futuro del país.

A pesar de que fueron algunos legisladores nacionales del Frente de Todos quienes presentaron proyectos de ley para investigar el destino de los miles de millones de dólares fugados durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y de los reclamos de los espacios de mayor representación popular sobre Alberto Fernández y todos los funcionarios de las áreas económicas y productivas para que dejen de “poner la otra mejilla” frente a los sectores de poder, la actitud del gobierno estuvo marcada no solo por la nula confrontación, sino por permanentes retrocesos y claudicaciones a la hora de tomar medidas concretas.

Luego, Sergio Massa y la flamante ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz decidieron ajustar, contándole las costillas a quienes no llegan a fin de mes. Al cierre de incorporaciones de empleadxs estatales, se sumó también el cese de habilitaciones a nuevxs trabajadorxs en el programa Potenciar Trabajo, una minuciosa (y cruel) investigación sobre lxs actuales beneficiarixs, que concluyó en la baja de casi 200.000 personas, y la implementación de un esquema de subsidios que significó un aumento de la luz y el gas entre el 30% y el 40% para quienes peor la están pasando.

No pasarán

“En el claroscuro surgen los monstruos”, decía Antonio Gramsci. Y en ese claroscuro estamos. Las derechas en todo el mundo, en sus distintas expresiones más o menos radicalizadas, están ocupando un lugar central en la política. La novedad no es el hecho en sí, sino las formas. Sin esconder sus propuestas, y aún con la vivencia de sus consecuencias en muchos países (como lo padecido durante el gobierno de Cambiemos en Argentina), la derecha logra conquistar la subjetividad de sectores populares que, más temprano que tarde, se verán perjudicados en su propia vida cotidiana. En Europa es un fenómeno de mayor duración, y las distintas fuerzas conservadoras ocupan lugares centrales en los gobiernos y parlamentos de las principales potencias. Sin ir más lejos, Ucrania, uno de los países involucrados en el conflicto bélico actual de mayor injerencia en la geopolítica y la economía mundial, tiene como parte de la coalición gobernante a movimientos abiertamente nazis.

En EEUU, la pandemia de la COVID-19 fue utilizada como teatro de operaciones del Partido Republicano para polarizar a la sociedad y sumar adeptos a la causa conservadora, a partir de cuestionamientos inverosímiles alrededor de la situación sanitaria y social que se vivía en todo el mundo. El corolario fue una de las imágenes más grotescas que vimos en los últimos años: ante la derrota de Donald Trump, principal referente de estas corrientes absurdas y peligrosas, en las elecciones presidenciales de 2020, seguidores del empresario tomaron el Capitolio (uno de los escenarios centrales de la política del país del norte global), provocaron destrozos de todo tipo, y la escena terminó con personas muertas y centenares de detenciones.

Vimos replicarse este hecho, a principios de 2023, en Brasil. A días de haber asumido el presidente Lula Da Silva, militantes de Jair Bolsonaro tomaron y atacaron las sedes de los tres poderes institucionales en Brasilia, con absoluta connivencia policial. Porque, por supuesto, Latinoamérica no está exenta de esta avanzada fascista mundial. Muy por el contrario, en los últimos años, sirvió de tablero de ajedrez en la disputa comercial de las principales potencias mundiales. Y esto se dio a través de las distintas fuerzas políticas locales, y con distintos métodos. Golpes de estado, guerras de baja intensidad, el rol de los grandes medios de comunicación y la intervención del poder judicial, favorecieron la llegada al poder de una derecha que se construyó como contracara de la oleada “progresista” que gobernó en la segunda década del siglo XXI en la región. Fue tal la violencia de sus políticas de ajuste y represión, que apenas duraron un mandato. En la calle o en las urnas, el pueblo los enfrentó y les dio la espalda. Sin embargo, las coaliciones políticas que tomaron el poder, con las imitaciones de su propia conformación, no pudieron o no supieron administrar los resultados críticos de las gestiones precedentes en beneficio de los sectores populares que les dieron su apoyo.

Argentina es claro ejemplo de esta situación. El Frente de Todos no estuvo a la altura de las expectativas iniciales que cosechó en las elecciones. Y este es uno de los principales motivos que mantiene a Juntos por el Cambio como una opción de poder en las elecciones presidenciales de este año, a pesar de las terribles consecuencias que significó su gobierno para el pueblo argentino. La falta de voluntad política para avanzar en medidas necesarias y profundas, permitió la construcción de un relato sobre la coalición gobernante como un movimiento que, si lo dejan, va por todo. La instalación de la meritocracia como una verdad revelada y la nula resolución de los problemas de las mayorías populares y trabajadoras alentó el crecimiento de un espacio que, hasta 2019, se nucleaba dentro de la alianza Cambiemos, y ahora busca su representación en voces que prometen soluciones violentas, inmediatas y tajantes. Así surge con fuerza el colectivo autodefinido como “libertarios”, que se expresa en referentes como Javier Milei, José Luis Espert y Victoria Villarruel. El efectivo manejo de las redes sociales, la postulación de soluciones fáciles y rápidas, una oratoria vehemente y funcional, por un lado, al show mediático, y por otro, a aquellos que buscan un freno al crecimiento de expresiones que cuestionan los privilegios sociales de todo tipo, permitió que Avanza Libertad (la herramienta política de ese espectro pseudofascista) construya una base electoral que lo catapultó a conseguir cuatro bancas legislativas a nivel nacional, y otros espacios en distintos estratos locales.

La creciente exposición pública envalentonó a los consumidores de este hipócrita discurso antipolítica. En combinación con el tono y el accionar
al filo de lo institucional por parte de Juntos por el Cambio, se fue construyendo un clima espeso y de escalada violencia política. Así llegamos al 1º de septiembre de 2022, cuando se dio un hecho que marcó el hito del año, y de la historia contemporánea nacional, con el intento de asesinato de la vicepresidenta.

Independientemente de la cercanía o simpatía política que despierte la vicepresidenta, rápidamente las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, entendimos que esto traspasaba una línea hasta ahora no violentada desde el retorno de la democracia. Si estos espacios, que desprecian a los sectores populares y reproducen discursos como “cárcel o bala”, llegan con tanta ligereza a acercar un revólver a la cabeza de una funcionaria nacional, ni más ni menos la vicepresidenta, ¿qué nos espera a nosotrxs, si pretenden, en cualquiera de sus expresiones, volver a gobernar o llegar por primera vez? Lo preocupante no es la pregunta, sino la respuesta, que conocemos por la experiencia vivida entre 2015 y 2019 y en los distritos donde esos sectores son gobierno.

Este año, las banderas más altas que nunca

En 2023 se cumplen, por primera vez en nuestra historia, 40 años ininterrumpidos de democracia. Formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y todo lo que podamos acotar al respecto. Pero, al fin de cuentas, democracia. CORREPI nace como organización en el contexto democrático, y es en ese marco que hace más de 30 años lucha contra la represión estatal. Las 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador. Sabemos que estas prácticas no van a cesar de una vez y para siempre en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante. Tenemos en claro que, como organización política, de anclaje popular, y que activa en el campo de los derechos humanos, debemos luchar día a día para denunciar su sistematicidad, pero también tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos.

Hace muchos años que propugnamos una serie de medidas, que consolidamos en nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva, que servirían para paliar significativamente los efectos mortales que la represión tiene sobre el pueblo. Algunas de ellas, incluidas en nuestro Informe 2019, fueron adoptadas al inicio de este gobierno, y hoy podemos ver los resultados de esa decisión política. Respecto del gatillo fácil, es evidente que la derogación de los llamados “Protocolos Bullrich”, con la “Doctrina Chocobar” que habilitaba a las fuerzas federales a disparar a personas desarmadas, sumado al hecho indiscutible de que en estos tres años no hemos tenido que soportar defensas públicas, fotos y abrazos de integrantes del presidente o sus ministros con policías fusiladores, marcó un cierto límite a esa práctica inveterada respecto de las fuerzas federales. No sucedió lo mismo en otros distritos, como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA, como lo muestra el Archivo. El solo hecho de volver a la normativa anterior ya tuvo un impacto favorable.

La prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendría un resultado aún más manifiesto, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En marzo de 2020, poco antes del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad Nacional tomó esa decisión para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sin perjuicio de que es la fuerza menos numerosa y con menos casos totales, desde entonces no hemos registrado un solo caso de gatillo fácil cometido por sus integrantes.

Otro conjunto de medidas imperativas tendría consecuencias directas respecto de las muertes en lugares de detención. Es imprescindible revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que con­vierte en privilegio inalcanzable para las mayorías el derecho a transcurrir el proceso en libertad para de­litos menores o sin peligrosidad hacia las personas, mientras es la moneda corriente cuando se trata de policías que fusilaron por la espalda. Ni hablar de la necesidad de garantizar atención médica y psicoló­gica suficiente y elementos básicos para la alimenta­ción e higiene a las personas detenidas, que también mueren masivamente por enfermedades curables extramuros. Pensemos que el COVID-19 fue siete veces más letal dentro que fuera de las cárceles.

Esto también disminuiría la cantidad de personas detenidas en co­misarías, que deberían estar en un penal o en libertad, según el caso. Sólo en CABA se sextuplicó en los últimos dos años la cantidad de personas alojadas en sus dependencias, debido a la política de fuerte carcelación de la justicia local y nacional. Pero en las comisarías también hay personas (muchas) que no están acusadas de cometer un delito. Es histórica nuestra exigencia de eliminar todo el sistema de facultades que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por “averiguación de antecedentes”, “para identificar”, por arrestos preventivos en ma­teria contravencional o por razzias. En 2023 se cumplen también 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que condenó al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias. La única diferencia entre unos y otros gobiernos a lo largo de estas dos décadas, es que algunos se esforzaron en articular excusas, pero ninguno cumplió esa senten­cia, que obliga al Estado Argentino ante la comunidad internacional de la que tanto se ufana de formar parte. Y la mayoría de las personas que mueren en comisarías, estaban arbitrariamente detenidas. Por eso exi­gimos el cumplimiento efectivo del fallo Bulacio y el cese de estas prácticas. ¡Basta de detenciones arbitrarias!

En las calles, contra la represión

El lugar donde CORREPI elige dar la lucha para que estas medidas sean escuchadas, para exigir la libertad de compañerxs represaliadxs, o para enfrentar cualquier medida que represente un retroceso o una avanzada contra lxs trabajadorxs, fue, es y será la calle.

Creemos que todos los reclamos de la Agenda Urgente Antirrepresiva deben ser tomados por el conjunto del campo popular, como parte de las distintas reivindicaciones que se exigirán duran­te este año, antes y después del 10 de diciembre, y convertirlos en demanda social masiva. Sabemos que será imposible avanzar con cualquiera de estas conquistas si la peor derecha vuelve al poder. Debe ser la consigna que nos encuentre en la más amplia unidad posible en las plazas y las calles de todo el país. A partir de la expe­riencia vivida entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno más represor y letal desde el retorno de la demo­cracia, y las vociferaciones de los sectores más rancios que se ubican aún a la extrema derecha del macrismo, necesitamos preservar nuestra propia vida para sostener todas las banderas de nuestras luchas, las históricas y las actuales, y así lograr cambiar millones de realidades que unos pocos intentan pisotear.

Recopilación de casos de perso­nas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983·2022

1. ¿Por qué hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.

Cerca de fin de año, presentamos en Plaza de Mayo el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos. La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año su presentación pública.

El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hasta convertirse en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, visibilizar la política represiva de cada etapa.

Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico. A pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, sabemos que nunca llegamos a conocer muchos casos. Muchas veces sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación, y es imposible el seguimiento a la distancia de los casos. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta. Sabemos que es enorme la “cifra negra” que se nos escapa. Cada año incorporamos casos de años anteriores, que por diversas razones nos llegan mucho tiempo después. Es particularmente difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares y amigxs, ya que los informes oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación o los de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité de Prevención de la Tortura sólo cubren las cárceles federales y las de la provincia de Buenos Aires. 

Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos años para intentar desacreditarla. El más sistemático fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio, o Juntos- Patricia Bullrich, que culminó con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato. Por el contrario, terminó, a su pesar, confirmando la precisión de los datos contenidos en este Archivo y hasta completó algunos registros en los que no contábamos con el nombre o grado del victimario, o ignorábamos la resolución judicial. No pudo señalar un solo caso como falso. En su cuenta mágica para bajar los números, descartó las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limitó su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluyó los casos considerados “legítima defensa” por “sus fuentes”, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia. 

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

2. ¿Cómo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes: 

  1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal, así como la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
  2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas. 
  3. Incluimos todas las modalidades represivas y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la política represiva estatal. 
  4. Desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos falsamente presentados como “enfrentamientos”); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios. 
  5. Cerramos la búsqueda de datos en noviembre, de modo que parte de ese mes, y todo diciembre, se incluyen en el Archivo del año siguiente. 
  6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de compañerxs que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés. Por ejemplo, los informes sobre femicidios, que registran un alto porcentaje de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad; los informes sobre muertes en cárceles de organizaciones anticarcelarias, y de organismos oficiales, como la Procuración Penitenciaria Nacional o la Comisión por la Memoria.

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulación de 25 años, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de convicciones y principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

La represión en la “nueva normalidad”

En esta 27ª actualización, incorporamos 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que teníamos registrados hace un año. Además, tomamos nota de 9 casos ocurridos después del 1º de enero de 2023, que no están computados en los gráficos y tablas, ya que corres­ponden a lo que será la actualización 2023.

Este gráfico muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo séptima, en 2022.

De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron entre el 1/1/2022 y el 31/12/2022. Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre su­jeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de esos 436 casos ocurridos en 2022, incorporamos 91 casos ocurridos en el curso de 2021, año que así registra un total de 508 casos, y dos casos de años anteriores.

Esta tabla y el gráfico que sigue muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013). Se advierte igualmente el incremento sostenido en los años 2016/2019, bajo el gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio-, al amparo de la demagogia puniti­vista y sus expresiones normativas, como los protocolos de actuación policial (Doctrina Chocobar).

Los años 2020 y 2021 muestran otro salto importante, que, como veremos al analizar modalidades, responde en particular al crecimiento exponencial de muertes en luga­res de detención, consecuencia del permanente aumento del índice de carcelación en los últimos años, y a la fuerte incidencia de la pandemia, dos factores que aumentaron todos los índices de violencia y muertes intramuros.

En cambio, entre 2020 y 2022, hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido- de los fusilamientos de gatillo fácil, especialmente los de autoría de fuerzas de seguridad federales, lo que puede vincularse causalmente a algunas de las medidas tonadas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 por el Ministerio de Seguridad de la Nación (de­rogación de los protocolos Bullrich, prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la PSA).

De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrie­ron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio rela­cionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstan­cias (incluida una desaparición).

Muertes bajo custodia estatal: Estar en un calabozo mata

Históricamente, las dos modalidades represivas de mayor incidencia numérica son los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares. Sabemos que en los primeros años hay un gran subregistro general, en particular de las muertes en lugares de detención, ya que no existían, en los ’80 y ’90, informes de organismos oficiales a los que pudiéramos acceder. Recién empezamos a disponer de fuentes confiables, como las recopilaciones periódicas que hacen la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y otros órganos provinciales, como el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe, en el curso del siglo XXI.

Este gráfico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública. En los tres años de gobierno del Frente de Todos, la brecha es enorme, con 1.066 muertes bajo cus­todia contra 300 fusilamientos de gatillo fácil. En 2022, la proporción es de 319 a 80. Así lo vemos en estos gráficos que ilustran la gestión desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy, y el año 2022 en particular: Este gráfico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional, y el índice de encarcela­miento. Según informes oficiales2, entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, a las que hay que sumar al­rededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos.

Si bien en 2020 y primeros meses de 2021, pandemia mediante, se frenaron un poco los nuevos ingresos, a partir de que algunos jueces optaron por evitar el encar­celamiento por delitos menores respecto de personas especialmente vulnerables, en los últimos meses de 2021 y todo 2022 se aceleró nuevamente la tasa de encarce­lamiento, que hoy, a nivel nacional, es de 241 personas cada 100.000 habitantes. Es una tasa bastante inferior a las de países que encabezan los récords mundiales, como EEUU (639) o El Salvador (562), pero enorme si se advierte que en 2002, primer año de existencia del Siste­ma Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), se registraba una tasa de 123 personas cada 100.000 habitantes.

Estos números demuestran, además, la falsedad absoluta de la campaña reaccionaria con el titular “Masiva liberación de presos en pandemia”, promo­vida por la prensa hegemónica al compás de los inte­reses de la derecha, fundamentalmente de referentes de Juntos por el Cambio y “libertarios”, pero también desde el oficialismo, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Los datos oficiales publica­dos por organismos judiciales de todo el país permiten verificar que los pocos casos de libertadas asistidas o condicionales concedidas durante la pandemia refirieron a personas que ya estaban en condiciones de acceder a ese tratamiento, por cumplimiento de los recaudos necesarios de acuerdo a la pena que purgaban. De hecho, en algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, la feria judi­cial extraordinaria del primer semestre de 2020 paralizó el trámite de los expedientes de personas que debían salir en libertad en ese período. Lo mismo sucedió con los arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la prisión preventiva o el cumplimiento de la pena, que sólo se concedieron a quienes hubieran obtenido la misma me­dida sin pandemia, y también con las demoras que impu­so el cese de tareas de los juzgados. Todo esto, huelga aclararlo, no afectó a los siempre privilegiados por el poder judicial, como los funcionarios de las fuerzas de seguridad, que rara vez van presos, con o sin pande­mia. El criterio judicial para ordenar el encarcelamien­to de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan ínfimo, que si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las cárceles se vaciarían en un instante. No es menor destacar que la mitad de las personas presas no están condenadas, y sólo el 17% registran reincidencia, al tiempo que la enorme mayoría de las detenciones responden a delitos contra la propiedad, con una incidencia muy menor de delitos contra las personas.

Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron. En el año 2001, la tasa de robos o tentativas de robo era de 1.058,3. En 2021, descendió a 860,4. La tasa de homicidios dolosos era de 8,6 en 2001, y bajó a casi la mitad (4,6) en 20213. Este brutal desfasaje entre la disminución sensible de delitos y el aumento al triple de la población carcelaria sólo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerabilizadas.

En 2004, el Congreso Nacional sancionó el paquete denominado “Leyes Blumberg” (nº 25.882, 25.886 y 25.891), que aumentaron genéricamente todas las penas, ampliaron el plazo para la libertad condicional en caso de penas perpetuas de 25 a 35 años y la prohibieron para los homicidios criminis causae; y subieron de 25 a 50 años el máximo de la pena de prisión. En diciembre 2016, entró en vigencia la Ley 27.272, conocida como Ley de Flagran­cia, que consagra el “derecho a la condena” al habilitar la elevación a juicio inmediata, sin período de instrucción, y por ende de defensa, con las constancias policiales como única “prueba”. Y en 2017 se concretó la reforma de la ley de ejecución penal, con la ley 24.660, promovida por el radical mendocino Luis Petri, integrante de Juntos por el Cambio, que limitó muchísimo más el derecho de acceder a cualquier tipo de morigeración de la prisión efectiva.

Uno de los datos más destacados tiene que ver con el aumento del encarcelamiento es la decisión judicial de mantener detenidas a personas condenadas a penas cor­tas (menos de tres años), lo que se quintuplicó entre 2005 y 2022, pasando de 202 a 1.020. De nuevo, esta situación se aceleró con la aprobación de la Ley de Flagrancia, que aumentó la cifra de 483 en 2016 a 811 en 2017, llegando en septiembre de 2022 a 1.020 personas detenidas por penas excarcelables.

Cada una de esas reformas legislativas produjo un salto importante en la cantidad de personas dete­nidas en todo el país, hasta llegar a la literalmente estallada situación actual, que, reiteramos, triplica la población carcelaria de 2001, mientras los principa­les delitos tuvieron bajas considerables.

A ello se suma el aporte “interpretativo” de los integrantes del Poder Judicial, que se encargan de poner su mira­da clasista al momento de aplicar la misma norma con resultados diferentes, según a quién tengan delante. Es evidente cómo evalúan de manera distinta cuestiones como los peligros procesales -riesgo de fuga, posibilidad de obstruir el trámite o intimidar víctimas o testigos, por ejemplo- según se trate de un pibe de barrio, un policía o un empresario. Como señalábamos más arriba, mientras las cárceles rebalsan de personas pobres sin antecedentes computables acusadas por robos o tentativas de robo, el 95% de los miembros de fuerzas de seguridad imputados por delitos gravísi­mos, como homicidio, homicidio calificado o tortura seguida de muerte, son excarcelados durante el proceso, o a lo sumo reciben un arresto domiciliario sin controles. Y esa situación de privilegio se mantiene incluso después de la condena, a lo largo de los cinco o seis años que lleva agotar los recursos defensistas hasta que la sentencia queda firme.

Si bien la situación es similar a lo largo y ancho del país, hay algunos distritos con características diferenciales. En la provincia de Buenos Aires, hoy hay 51.673 personas presas, casi la mitad del total país, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de más de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblación del 222%. En los últimos diez años (2012-2021) la población detenida en comisarías aumentó un 397%. En Mendoza, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 155 personas en 2010 a 241 en 2020. En Córdoba es de 258.

Las celditas de Buenos Aires tienen ese “no sé qué”

Pero, para no perder la costumbre, es necesario des­tacar la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta anunciaron la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, uno de sus ejes de propaganda fue explicar que, a partir de ese momento, no habría más personas detenidas en comisarías, sino que se habilitarían unidades especiales, las Alcaidías, para el alojamiento provisorio hasta que se produjera la soltura, o la remisión a unidad penitenciaria. Las primeras nueve alcaidías rápidamente pasaron a más del doble (19), pero con la desaforada política de carcelación del fuero porteño y del fuero nacional con sede en la ciudad, pronto quedaron chicas. A poco de andar, y a pesar de no haber sido nunca habilitadas para recibir personas presas, todas las comisarías de la Policía de la Ciudad (31) empezaron a alojar personas detenidas.

No es exagerado el adjetivo “desaforada” para referirnos a la política judicial de encarcelamiento en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2019, no había mucho más de 100 personas detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad. En abril de 2020, eran 139. En diciembre de 2022, eran 948, distribuidas en 19 Alcaidías, el Centro de Contraventores y 31 comisarías no habilitadas. Paralelamente, había a la misma fecha 55 personas detenidas en comisarías de la Policía Federal; 24 en dependencias de Gendarmería Nacional y 10 de la Prefectura Naval.

Las 19 Alcaidías tienen una capacidad para 317 personas, pero alojan 545. Y las otras 403 personas, están en comisarías no habilitadas como centros de detención. Casi la mitad son menores de 30 años. Más de la mitad están cumpliendo prisión preventiva (53,7%). Por su parte, 153 personas están a la espera de resolu­ción judicial y 99 cumplen condenas. En forma similar a los números nacionales, el 53,7% está vinculado a delitos contra la propiedad y sólo el 8.7% a delitos contra las personas.

Morir en prisión, primera causa de muerte a manos del estado

Como consecuencia directa de esta política pública del abuso de la prisión preventiva –salvo cuando son represo­res- y la dilación de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios, los “suicidios”, en fin, todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período. Más del 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022 corresponde a muertes bajo custodia, lo que hace que, a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo fácil, los números absolutos sean mayores.

Aún advirtiendo que la gestión de Alberto Fernández lleva tres años, mientras Mauricio Macri completó cuatro, se verifica un descenso relativo de los fusilamientos de gatillo fácil a partir de fines de 2019, mientras las muertes bajo custodia se mantuvieron, con un pico extremo en 2020. Así lo muestra este gráfico:

Es evidente el impacto del puñado de medidas auspiciosas tomadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, como la derogación de los pro­tocolos Bullrich que legitimaban, entre otras cosas, el disparo a personas desarmadas, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la policía de seguridad aeroportuaria (PSA). Volveremos sobre el punto en el capítulo sobre intervención de las distintas fuerzas.

Del mismo modo, es evidente que nada cambió en el ámbito carcelario y de comisarías.

En la categoría de muerte de personas privadas de su li­bertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardía­mente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfer­medades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.).

La situación carcelaria, con la sobrepoblación deliberada­mente generada a partir de las nomas y prácticas judicia­les mencionadas, es, evidentemente, de una gravedad tal, que requiere ser abordada urgentemente. Es imprescin­dible revisar la legislación represiva que generó este estado de cosas.

Exigimos el cese del uso masivo de la prisión preven­tiva, que viola el derecho a permanecer en libertad mientras subsiste la presunción de inocencia, para las personas acusadas por delitos leves (excarcela­bles), sin riesgo de fuga ni capacidad para obstruir el trámite judicial. Reclamamos que esos requisitos sean evaluados de manera pareja, sea quien sea la persona imputada, sin beneficiar discrecionalmente a miembros de las fuerzas de seguridad.

Las muertes en comisarías:

En 2022, registramos 37 muertes en comisarías: 16 en la provincia de Buenos Aires, una en CABA, dos en Córdo­ba, una en Corrientes, una en Entre Ríos, una en La Rioja, tres en Misiones, tres en Mendoza, dos en Río Negro, una en Salta, cinco en Santa Fe y una en Tucumán. Todas, en el más absoluto silencio mediático. Es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de ante­cedentes o faltas y contravenciones.

En 2023 cumplirá 20 años la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio, que ordenó al Estado Argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privación de libertad a las únicas dos causales constitucional y convencionalmente per­mitidas: Por orden judicial o porque se encontró a la persona en el momento de cometer el delito. Durante dos décadas, ningún gobierno –ni siquiera los que se ufanan de respetar los derechos humanos- acató esa sen­tencia, que exigiría eliminar las facultades de las fuerzas para detener personas para conocer sus antecedentes o identificar, prohibir los arrestos preventivos en materia contravencional y terminar las razzias y detenciones “al voleo”. Mientras tanto, siguen entrando a las comisarías personas que no cometieron delito alguno y cuya deten­ción no fue ordenada por jueces ni fiscales. Y son esas personas arbitrariamente detenidas quienes con más frecuencia terminan muertas en una celda, como Floren­cia Magalí Morales (San Luis), Alejandro Martínez (San Clemente del Tuyú) o Daiana Abregú (Laprida).

Exigimos el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio, que reduciría a la mitad las muertes en comisarías.

Otras modalidades:

Respecto de las desapariciones, hubo cuatro en el año: Agustina Yoselie Nadal Herrera (víctima de femicidio a manos de un marino), Josías Ezequiel Galeano (hostiga­do por la policía de Oberá, Misiones), Lucas Escalante y Lautaro Tomás Morello (desapariciones y homicidio, en el caso de Lautaro, cuyo cuerpo fue encontrado, vinculadas al tráfico de vales de nafta policiales).

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbara­tando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.

Todos los casos de violencia intrafuerza/intrafamiliar con víctimas mujeres en 2022 correspondieron a femicidios y un femicidio relacionado.

Finalmente, entre 2020 y 2022, hubo una sola muerte en el marco de la protesta social, e comunero mapuche Elías Garay, en Cuesta del Ternero, Río Negro, cuyo crimen, ejecutado por dos civiles armados, fue facilitado por la policía provincial (grupo COER) y gendarmería nacional.

Intervención de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 44,28% de los casos, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 41,33%, y, más lejos, la policía federal (7,53%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

Pero si miramos las últimas dos gestiones, se advierten tendencias diferentes.

De las tablas y gráficos precedentes se advierte la posición de los servicios penitenciarios federales y provinciales, responsables de más del 60% del total de muertes en la actualidad, con el consiguiente descenso proporcional de las policías provinciales al 27,57% (lo que incluye muertes en lugares de detención). Y se verifica, en particular, el descenso de la incidencia de las fuerzas federales: Policía federal 4,37%; Gendarmería 0,86%; Prefectura 0,40% y 0 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Es importante destacar que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2022. Esto se explica a partir de la prohibición, dispuesta a principios de marzo de 2020, a los miembros de esa fuerza federal, de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país, es una comprobación empírica de cómo se podría reducir el gatillo fácil significativamente si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria.

Y sin dudas, la derogación de los protocolos Bullrich en diciembre de 2019 determina la menor intervención de las demás fuerzas federales, con un descenso comparativo que no puede ser ajeno al cambio de actitud del gobierno actual, que, al menos en este punto, no viene sacándose fotos ni ascendiendo fusiladores de gatillo fácil. Lógicamente eso solo no alcanza, pero da la pauta de cómo, aun si modificar el marco sistémico, hay medidas útiles para al menos reducir la letalidad de las fuerzas frente a la población desarmada. Por eso, exigimos la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria a todas las fuerzas cuando están de civil o fuera de servicio y reclamamos el cese de la provisión de defensa especializada penal en casos de gatillo fácil a cargo de abogados de planta de los ministerios de Seguridad.

Finalmente, debemos dedicar nuevamente unos párrafos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que seguimos padeciendo la gestión iniciada por Mauricio Macri y que continúa, ya en su décimo quinto año de mandato
consecutivo, con Horacio Rodríguez Larreta.

De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 a manos de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera, y 109 por la segunda. Pero la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, la Policía Bonaerense supera cuatro veces la dotación de la Policía de la Ciudad, pero es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la porteña, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%.

Hace falta mucha convicción represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer un tercio de los fusilamientos. Es la única fuerza que hace sombra a la policía de Sergio Berni, nada menos.

Edad de las víctimas: lxs pibxs están en peligro

Sobre el total de casos del Archivo, el 39% eran personas de menos de 25 años. El 45% tenían más de 25, y carecemos de datos de edad del 16%.

Si desglosamos por rango de edad, siempre sobre el total de casos, vemos que la franja de 15 a 25 años ocupa el 37%, más el 2% de niñxs de 14 o menos. Si sumamos el 22% de las personas entre 26 y 35 años, resulta que el 61% tenían 35 años o menos.

El 21% de casos sin datos precisos de edad, en su mayoría corresponden a muertes en lugares de detención. Los informes oficiales a los que accedemos publican datos parciales, según los criterios de cada organismo para elaborar sus registros. En ningún caso cubren totalmente nombre, edad, género, unidad penitenciaria o comisaría y causa de la muerte, por lo que debemos reconstruir esa información cruzando distintos registros con noticias periodísticas, información de familiares o denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que muchos de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.

Si sólo tomamos los últimos tres años, se incrementa el promedio de edad, a partir de la mayor incidencia de muertes en cárceles, que son personas mayores.

Distribución por territorio: de Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 55,80% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran esta tabla y gráfico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes.

Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos provisorios del censo 2022, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:

Ni una menos: femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. También el número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, pero eso se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal en el marco de ese tipo de violencias nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 434 femicidios sobre un total de 755 víctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, además, 52 femicidios relacionados, esdecir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.

Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 397 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 386 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:

Muertes bajo custodia estatal: Gestiones: No todo da igual, aunque haya mucho por reclamar

Al comparar el número total de casos registrados por cada gestión de gobierno desde 1983 a la fecha, se producen dos distorsiones. Una no tiene remedio: Como ya lo advertimos más arriba, la información de las década del ’80 es escasísima y la de los primeros años de la década siguiente no es mucho mejor. Fueron datos reconstruidos de manera artesanal y mucho tiempo después, ya que empezamos a elaborar el Archivo recién a fin de 1996. A partir de entonces, empezamos a hacer el seguimiento permanente en tiempo real, pero las herramientas de búsqueda eran aún precarias. Teníamos poco acceso a internet, no había portales de noticias o diarios on line de todos los lugares del país y no existían las redes sociales y sistemas de mensajería que hoy nos permiten contactarnos con personas casi de cualquier lugar.

En cambio, la segunda distorsión, que deriva de las grandes diferencias del tiempo en oficina de cada administración estatal, se puede corregir, como lo hacemos con la distribución de casos en proporción a la población de los distritos. Por eso, además de mostrar los porcentajes totales de cada gestión de gobierno, hacemos el cálculo de los días y horas gobernadas, para obtener un dato comparable, ya que no es lo mismo haber gobernado dos años que doce.

Como surge del gráfico de modalidades en los tres años de gestión actual, la cantidad abismal de muertes en lugares de detención ocurridas en ese lapso, más del 73% sobre el total de 1.509 muertes a manos estatales, hace palidecer el descenso de fusilamientos de gatillo fácil por fuerzas federales que detectamos el año pasado y se profundizó este año, a partir del cambio de actitud que implicó la derogación de los Protocolos Bullrich.

Las muertes en dependencias policiales de todo el país tienen directa relación con la subsistencia y ampliación de las facultades policiales y de otras fuerzas para realizar detenciones arbitrarias, lo que fortalece nuestro reclamo –ya histórico, a 20 años vista- de cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio de la Corte IDH.

El escenario viene empeorando en materia de muertes bajo custodia, y, aun sin la explícita promoción desde la Casa Rosada del gatillo fácil, y algunas medidas que tuvieron efecto sobre las fuerzas federales, en las provincias y CABA se mantienen los fusilamientos cotidianos.

Como lo prueba el caso de la PSA, es urgente que se implemente la prohibición de la portación y uso de arma reglamentaria fuera de servicio o de civil. El 66% de los fusilamientos de gatillo fácil, y el 95% de los femicidios de uniforme, suceden en esas circunstancias, y serían evitables.

Todos estos datos de la realidad ratifican la pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Las muertes en la represión a la protesta

Desde 1983, se registran 92 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 44 asesinadxs, de lxs cuales 37 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escoltan el gobierno de Cristina Fernández, con 16 en el primer mandato y 4 en el segundo, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza. Este año 2021, Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, se convirtió en el primer asesinado en la represión a un conflicto social en esta gestión, bajo la modalidad de la tercerización, sólo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche.

Vigencia y urgencia de la Agenda Antirrepresiva

Sabemos que la represión estatal, en todas sus formas, no es producto de errores sueltos, abusos individuales y ni siquiera de “fuerzas fuera de control”. Es una política de estado que se vincula directamente con las necesidades del sistema capitalista en materia de control social y disciplinamiento.

Pero, como vemos al repasar los datos que surgen de este Archivo, sobre ese telón de fondo inamovible en el marco de una sociedad dividida en clases, operan otros factores, que determinan –o condicionan fuertemente- la manera en que se descarga la represión en un momento y lugar concretos. Y tampoco son irrelevantes las medidas que toman los distintos gobiernos, sea por la coyuntura o por su propia convicción, para profundizar o parcialmente limitar el impacto represivo.

En el inicio de un año que ya está signado por la campaña electoral hacia la renovación de los mandatos presidencial, de muchas gobernaciones y la jefatura de gobierno de CABA, y el recambio legislativo, no podemos obviar que una de las fuerzas mayoritarias, que ya nos oprimió y reprimió entre 2015 y 2019, pretende volver a administrar el gobierno nacional, recargada con la presión por derecha que imprimen sectores todavía más reaccionarios, como Milei o Espert.

A nivel continental vemos ese crecimiento ultramontano, que incluso pone en peligro cierto el régimen democrático, reivindica el genocidio y el terrorismo de estado, impulsa la represión masiva y subordina sin pudor alguno todo intento de soberanía al imperialismo y sus intereses, como tan claramente lo explicó hace poco la jefa del Comando Sur de EEUU en la entrevista sobre la importancia de los recursos naturales de nuestra región para “la seguridad nacional” (de los yanquis, claro).

Creemos que es prioritario, en términos de nuestra supervivencia, poner en el primer punto de nuestra atención la confrontación con esa derecha rancia, lo que desde luego no significa silenciar que también hay expresiones similares en el otro sector, sino simplemente señalar lo más grave frente a lo grave. Sabemos lo que nos espera si Rodríguez Larreta, Bullrich o Macri toman el control del gobierno nacional.

Finalmente, 2023 es también el año que marca un hito histórico para nuestro país: El 10 de diciembre, cuando se produzca el cambio de gobierno, se estarán cumpliendo 40 años ininterrumpidos de funcionamiento institucional sin golpes de estado. Es la primera vez, desde la sanción de la ley de sufragio universal (1912), que Argentina vive cuatro décadas de democracia. Democracia formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y cuanto adjetivo querramos adicionar, pero, al fin de cuentas, democracia, que nos permite, por ejemplo, presentar este Archivo de Casos.

A 40 años del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, y casi el mismo tiempo de denunciar, desde el nacimiento de nuestra organización, la represión estatal en nuestro país, venga de donde venga, nos vemos en la necesidad de insistir en la vigencia y urgencia de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva.

Una serie de medidas que no van a cambiar el problema de fondo, que son sin dudas insuficientes para el objetivo de construir una sociedad sin explotación, opresión y represión, pero que la realidad viene demostrando que pueden reducir, incluso de manera significativa, los resultados más letales de la represión estatal.

Y si somos más quienes quedamos con vida, seremos más para promover esa transformación social profunda. No se generan cambios desde el cementerio.

Por eso, reclamamos:

• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente.

¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!

• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.

• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.

• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).

• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas  en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.

• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.

• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.

• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.

• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.

• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.

• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.

• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).

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