El 19 de noviembre de 2023, cuando se confirmó la victoria en el ballotage de la fórmula Milei – Villarruel, sabíamos que este primer 24 de marzo iba a ser distinto a todos los anteriores desde 1983 a la fecha, aún sin poder dimensionar las consecuencias de este resultado. El caracter negacionista y explícitamente reivindicativo del terrorismo de estado y el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica se confirmó y subió el tono en estos primeros tres meses de gobierno. Llegamos a esta fecha con las declaraciones de Villarruel, el ataque a una compañera de H.I.J.O.S., amenazas a Teresa Laborde, hija nacida en cautiverio de Adriana Calvo, y un sin fin de hechos violentos en el mismo sentido a lo largo y ancho del país, como la vandalización del mural por Silvia Suppo en la Universidad Nacional de Córdoba, todo consecuencia de la violencia que La Libertad Avanza expresa. Esto nos obliga a ponernos de pie una vez más, asumir la responsabilidad que nos toca en este tiempo histórico, e inundar las calles de lucha condensada en un solo grito: NUNCA MÁS
Todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de DDHH, culturales o de género que, desde distintas posiciones ideológicas, entendemos la política como el campo de discusión y acción para construir algo distinto a esta realidad que queremos cambiar de raíz, discutimos en el último periodo qué era lo que estaba en juego si una fuerza política como LLA lograba apoyo electoral y llegaba al gobierno. Cuando el 13 de agosto Javier Milei ganó las elecciones primarias, esa realidad nos dió un cachetazo inesperado para muchxs. A lo largo de tantos años de lucha logramos derrotar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos y el intento “reconciliador” de Menem y el indulto encubierto del 2×1 de Macri y su Corte. Desde el retorno de la democracia, nunca había existido la posibilidad de que asumiera el gobierno una fuerza política que reivindicara el terrorismo de estado y defendiera a quienes lo perpetraron.
Milei y Villarruel atravesaron toda la campaña y los debates con una discusión frontal contra la histórica cifra abierta de 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, con la equiparación y defensa permanente del accionar genocida respecto de la resistencia armada de las organizaciones políticas de los años ‘60 y ‘70 e incluso corriendo por derecha a Bullrich al recordarle su pasado en Montoneros, al punto de acusarla de “poner bombas en jardínes de infantes”. Esa grieta se cerró rápidamente cuando la actual ministra de Seguridad quedó fuera de la contienda electoral y no dudó en apoyar a Milei en la segunda vuelta, para luego integrarse a su gobierno al mando de las fuerzas represivas, tal como lo había hecho en el gobierno macrista.
Hemos compartido infinitos balances sobre cómo se llegó hasta acá, algo necesario para encarar la etapa que se abre con Milei y Villarruel en el poder. Sin embargo, el plan económico criminal, la violencia política, la escalada represiva y su promoción explícita son características centrales que describen a este gobierno y nos obligan a avanzar para confrontarlas.
En su discurso de asunción y durante la apertura de las sesiones legislativas, Milei continuó su ataque a lxs 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, como lo hizo Victoria Villarruel en una nota televisiva el último jueves. La represión se incrementó exponencialmente en cada jornada de movilización contra las políticas de ajuste, el mega DNU, y la Ley Ómnibus, y también en los barrios. A poco de asumir, Patricia Bullrich anunció un protocolo “anti-movilizaciones”, que tiene la clara intención de infundir miedo en un pueblo cada vez más apaleado en el bolsillo que se las arregla para seguir manifestándose con fuerza. Los casos de gatillo fácil crecen de forma alarmante y, en solo tres meses de gestión, amenazan con relegar al gobierno de Macri al segundo puesto como los más represores desde la vuelta de la democracia, tal como anunciamos en la reciente presentación del Archivo de Casos 2023.
Y llegamos a las vísperas de esta jornada histórica de movilización con hechos que nos obligan a reventar las calles el 24: El jueves se hizo pública la denuncia de la Red Nacional H.I.J.O.S. ante el ataque sufrió una compañera días atrás en su casa, por parte de dos personas que forzaron la entrada, la esperaron, la golpearon, ataron y abusaron sexualmente. Durante el ataque, le advirtieron que “les pagaban para hacer eso”, que el ataque estaba motivado porque ella “andaba en eso de los derechos humanos”, y se fueron dejando una pintada con las siglas VLLC (Viva La Libertad Carajo), frase repetida hasta el hartazgo por el presidente de la Nación y su militancia. Un hecho de una gravedad que no podemos describir en estas líneas y debería hacernos caer en la cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Al día siguiente, mientras Estela de Carlotto daba una nota radial, en su teléfono se comenzó a escuchar el sonido de las teclas, con el objetivo de dar cuenta que está intervenido y que, en vivo y en directo, con total impunidad, pueden intentar amedrentarnos. La amenaza telefónica de muerte recibida por Teresa Laborde, hija de la queridísima Adriana Calvo, va en la misma línea.
Este contexto debe acercarnos a algunas conclusiones fundamentales como campo popular. Por un lado, es importante entender que ninguna de las conquistas producto de la lucha en la calles es estática y definitiva. La disputa, material y simbólica, debe ser sostenida en el tiempo, aun cuando parezca que el avance es irrefrenable. Era impensado, años atrás, discutir el robo de bebés, los vuelos de la muerte y las torturas, desapariciones y asesinatos que los genocidas llevaron adelante en los Centros Clandestinos de Detención. El retroceso que nos toca vivir en materia represiva queda en evidencia con Bullrich legitimando que la policía gatille por la espalda a cualquiera ante la presunción de “sospecha”, sin posibilidad de defendernos legalmente ante el ataque o que nuestras familias puedan reclamar una mínima investigación.
Así como se naturaliza que haya millones que no pueden tener un plato de comida en la mesa o que sobrevivan en condiciones indignas, tampoco moviliza acorde a la gravedad que un policía pueda disparar y rematar a un chico por la espalda. Por el contrario, desde el gobierno se difunde y felicita este accionar y de esta manera se intenta cooptar la opinión pública y el sentido común hacia un lugar donde eso está bien. Una de las deudas de esta democracia imperfecta es discutir y abordar este tema en el mismo sentido que nos han permitido alcanzar las conquistas que logramos en la calle respecto de la represión y los crímenes durante la dictadura.
Por otro lado, es ya no necesario, sino obligatorio, construir una verdadera y amplia unidad que frene este brutal ataque al pueblo. Nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs dieron su vida por luchas que, con similitudes y diferencias, confluyeron para hacer frente a la represión estatal y el genocidio, en la búsqueda por construir una vida mejor para su generación y las futuras, aunque el gobierno hoy, desde la vocería oficial, los llame “terroristas”. Ellos defienden a quienes infundieron el verdadero terror en la sociedad a partir de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, robo de identidad. El ejemplo de nuestrxs 30.000 compañerxs, su memoria y su lucha, es lo que tenemos que retomar y apostar a que todas las organizaciones del campo popular podamos articular acciones conjuntas destinadas a evitar el desguace de nuestro pueblo y disputar frontalmente las ideas viejas recicladas de este gobierno.
Todos los días nos despertamos con avanzadas contra los derechos laborales, lxs jubiladxs, la cultura, la educación, la salud, nuestrxs pibxs, nuestro sueldo, y nuestra propia vida. La fragmentación y algunos reparos para coincidir en espacios comunes de trascendencia, que fueron superados sin embargo en la confluencia en el paro general de enero, el acto y documento unitario del 8M, provocaron el fracaso del acto unitario este 24.
Este 24 de marzo vamos a inundar las calles de lucha, de MEMORIA por lo que pasó y por quienes no sabemos dónde están. Debemos exigir, aún sabiendo que del otro lado hay, no solo oídos sordos, sino una confrontación directa, la búsqueda de la VERDAD sobre qué pasó con nuestros 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs y la continuidad de la JUSTICIA para que aquellos que implementaron y llevaron adelante el peor genocidio de la historia de nuestro país, terminen sus días, sin beneficios ni excepciones, en una cárcel común. Debemos sostener el NUNCA MÁS en estos tres pilares y sus consecuencias, para que de verdad NUNCA MÁS, incluso desde la democracia, se genere el aval social y económico para llevar adelante un plan sistemático de estas características.