Otra vez nos vemos en la situación de defender los derechos que dimos por ganados hace muchos años; peligra la salud, la educación y, como siempre, lxs que pagan la timba de esta ruleta política somos el pueblo trabajador.
En abril de 1991 sufrimos la detención arbitraria, tortura y asesinato de Walter Bulacio. El jóven de 17 años que fue a ver a los Redondos y terminó en una comisaría siendo golpeado brutalmente por efectivos de la policía, estuvo una semana agonizando hasta morir. El caso de Walter fue un precedente para la lucha internacional por los DD.HH. y en contra de las facultades de las FF.SS. para detener arbitrariamente. Un asesinato que, hasta el día de hoy, es el faro de uno de los reclamos de nuestra agenda urgente frente a la represión: PROHIBICIÓN DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS. Las muertes en centros de detención representan la modalidad más letal de la represión estatal desde que tenemos registro.
El 15 de abril de 2018 el oficial de policía y femicida Hugo Acuña asesinó a Lorena Segura, su pareja, luego de una discusión. Un disparo en el pecho bastó para quitarle la vida a la docente que vivía con su hijo de, en ese entonces, dos años. Los femicidios de uniforme son una problemática poco abarcada, y que representa un 20% del total de los casos de femicidios en el país.
Sergio Jasi tenía 29 años cuando el 26 de abril de 2019, durante un brote por una patología que venía padeciendo, se encerró en un baño del que fue sacado a los golpes por oficiales de la policía de Loma Hermosa. Inconsciente subió al patrullero y muerto llegó al hospital. Hoy sigue siendo un grave problema que los oficiales, en su inoperancia, no sepan tratar a pacientes psiquiátricos durante una crisis y concluya en otra muerte a manos de quienes, supuestamente, tienen el deber de cuidarnos.
Romina Lemos, de 15 años, y su vecino habían accedido a volver en auto con un chico que conocieron en un boliche en Tigre la noche del 30 de abril de 2006, sin saber que el vehículo tenía pedido de captura. Cristian Luján González comenzó a perseguir a los tiros el auto cuando reconoció la patente, ejecutando en el acto a Romina. Tras cuatro años y medio, logramos condenar a 11 años de presión al policía que le quitó la vida a Romina a sus prematuros 15 años.
Estamos viviendo en una constante amenaza a nuestros derechos. Los proyectos de leyes que plantea este gobierno, y sirven en bandeja los diputados, no hacen más que empeorar la realidad anterior que ya muy hostil era con las mujeres y lxs jóvenes. Pero nada detendrá esta lucha. Seguiremos por lxs que nos mató la policía, por lxs que no tuvieron justicia, y por lxs que no conocemos sus nombres. ESTA LUCHA SE GANA EN LAS CALLES.
